Resumen
Los conflictos recurrentes entre el Gobierno y las
aseguradoras privadas cada vez que expira un concierto ponen en el centro del
debate público a la institución de MUFACE. Para que este debate sea serio y productivo,
es indispensable un conocimiento mínimo del tema; sin embargo, en los medios se
han difundido todo tipo de imprecisiones. Esta situación impide cualquier
posibilidad de discusión rigurosa y, como resultado, no se logra abordar de
manera coherente un problema que afecta a la seguridad sanitaria de toda la
población, y no solo a los funcionarios.
Este artículo busca aclarar, de forma clara y concisa, qué
es MUFACE, cuáles son los servicios que ofrece, cómo se financia y, a partir de
ahí, permitir que cada persona —con un conocimiento adecuado del asunto— forme
su propio juicio y desarrolle una opinión bien fundamentada. Solo así podremos
fomentar un debate constructivo y avanzar hacia una solución.
Abstract
The
recurring conflicts between the Government and private insurance companies
whenever a contract expires place the MUFACE institution at the center of
public debate. For this debate to be serious and productive, a minimum
understanding of the subject is essential. However, the media have spread all
kinds of inaccuracies. This situation prevents any possibility of a rigorous
discussion and, as a result, makes it impossible to coherently address a
problem that affects the healthcare security of the entire population, not just
civil servants.
This
article aims to clearly and concisely explain what MUFACE is, the services it
provides, and how it is funded. From there, it seeks to enable everyone—armed
with adequate knowledge of the matter—to form their own judgment and develop a
well-founded opinion. Only in this way can we foster a constructive debate and
move towards a solution.
Índice
- ¿Qué es MUFACE?
- El origen de MUFACE durante el esplendor del mutualismo
- Servicios que ofrece
- Los conciertos con las aseguradoras privadas
- Posible incorporación de MUFACE al Régimen General de la Seguridad Social
¿Qué es MUFACE?
MUFACE, cuyo nombre oficial es Mutualidad de
Funcionarios de la Administración Civil del Estado, es un organismo público
español encargado de gestionar prestaciones sociales y sanitarias para los
funcionarios en activo de la Administración General del Estado (AGE), los jubilados
y sus familiares; según los datos más recientes disponibles, MUFACE cuenta con
aproximadamente 1,2 millones de afiliados.
Aunque MUFACE es la más conocida, no es la única mutualidad
de este tipo. Para los miembros de las Fuerzas Armadas existe el Instituto
Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), y para los empleados de la
administración de justicia, la Mutualidad General Judicial (MUGEJU).
Ambos organismos comparten una estructura y un funcionamiento similares a los
de MUFACE.
Al igual que la Seguridad Social, que se financia mediante
las aportaciones de los trabajadores, las empresas y, en su caso, los
Presupuestos Generales del Estado, MUFACE se financia con las aportaciones de
los funcionarios y del Estado en su doble papel de empleador y garante cuando
es necesario. En esencia, ambos sistemas siguen el mismo esquema: empleados,
empleador (o empresa) y el Estado como respaldo subsidiario.
El origen de MUFACE
durante el esplendor del mutualismo
MUFACE se creó en 1969, en un contexto en el que la
existencia de mutualidades sectoriales era algo común. En España, ya existía
una tradición de sistemas de protección social diferenciados para grupos
profesionales específicos. Esta segmentación respondía tanto a las
particularidades de cada sector como a la evolución histórica de la protección
social en el país.
La protección social en España comenzó a desarrollarse a
finales del siglo XIX y principios del XX, inicialmente a través de
mutualidades y seguros privados. Estos sistemas estaban dirigidos a colectivos
concretos, como trabajadores de ciertas industrias, funcionarios o
profesionales liberales. En el caso de los funcionarios públicos, contaban
desde el siglo XIX con un sistema de protección específico conocido como
“Clases Pasivas”, que garantizaba pensiones y otras prestaciones a los
empleados del Estado y sus familias.
En 1963, se creó el Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez
(SOVI), que sentó las bases de la Seguridad Social moderna en España. Sin
embargo, en el momento de la fundación de MUFACE, la Seguridad Social aún no
ofrecía una cobertura universal y uniforme, lo que permitió que muchos
colectivos, incluidos los funcionarios, mantuvieran sus propios sistemas de
protección. En aquel entonces, el mutualismo no era la excepción, sino la
norma.
A partir de la década de 1980, el sistema nacional de la
Seguridad Social se fue universalizando, lo que llevó a la progresiva
desaparición de muchas mutualidades. Sin embargo, MUFACE quedó fuera de este
proceso, consolidándose como un régimen de seguridad social paralelo al sistema
general.
Servicios que
ofrece
MUFACE proporciona a sus afiliados tres tipos principales de
asistencia: asistencia sanitaria, prestaciones económicas y ayudas sociales.
La asistencia sanitaria ofrecida por MUFACE tiene una
cobertura muy similar a la que ofrece el Sistema Nacional de Salud(1). Esto
significa que incluye los mismos servicios médicos, intervenciones quirúrgicas,
pruebas diagnósticas, criterios de baja, lista de medicamentos subvencionados y
demás prestaciones sanitarias, sin diferencias ni exclusiones adicionales.
En cuanto a las prestaciones económicas, MUFACE cubre parcialmente
situaciones como incapacidad temporal, maternidad y paternidad, así como
subsidios por riesgos laborales.
Por último, dentro de las ayudas sociales, los afiliados
pueden acceder a subsidios para gastos funerarios, ayudas por nacimiento o
adopción, entre otras prestaciones.
Los conciertos con
las aseguradoras privadas
El Gobierno español convoca concursos periódicos
—normalmente plurianuales— para la atención sanitaria de los funcionarios a
través de aseguradoras privadas. Estos procesos, complejos y regulados, se
ajustan a las normas de contratación pública.
El objetivo principal es seleccionar a una o varias
aseguradoras privadas que brinden cobertura sanitaria a los funcionarios y sus
familiares que optan por la modalidad privada en lugar de la asistencia
sanitaria pública.
Este es, quizás, el aspecto más polémico del sistema, y lo
es desde un doble enfoque. Por un lado, por las controversias que rodean el
proceso de adjudicación del concurso, especialmente en lo relativo a la
renovación de contratos y al equilibrio entre costes y calidad del servicio.
Por otro, porque genera un debate social sobre el privilegio que supone para
los funcionarios y sus familiares en un momento en el que el Estado de
bienestar está en entredicho, las políticas públicas favorecen directa o indirectamente
a la sanidad privada en detrimento de la pública, y el derecho a la sanidad
universal es cuestionado desde posturas neoliberales.
Así, cada año, los afiliados a MUFACE pueden elegir entre
los servicios de la sanidad pública y los ofrecidos por las entidades privadas
que resultaron adjudicatarias en el concurso vigente. Si, por ejemplo, el
concurso es ganado por tres aseguradoras, cada beneficiario dispondrá de cuatro
opciones, aunque deberá seleccionar una y solo una de ellas.
Durante ese período, el afiliado recibe atención sanitaria a
través del equipo médico y los hospitales asociados a la aseguradora elegida.
En casos excepcionales —muy raros, dado que los hospitales privados están cada
vez mejor dotados—, si la aseguradora no pudiera proporcionar la atención
requerida, un hospital público actuaría de manera subsidiaria. No obstante, los
gastos derivados correrían a cargo de la entidad aseguradora.
Se pueden describir las ventajas e inconvenientes que esta
situación supone para los afiliados a MUFACE, aunque siempre desde una
perspectiva subjetiva. Lo que para algunos puede ser una ventaja, para otros
puede representar una desventaja, y en muchos casos no existen datos concretos
que permitan fundamentar afirmaciones objetivas.
Entre las ventajas de optar por la vía privada, destaca en
primer lugar la aparente facilidad para elegir médico. Además, se percibe que
las listas de espera son menos frecuentes y, si existen, son más cortas. Otra
ventaja es la posibilidad de acudir directamente al especialista sin necesidad
de pasar por el médico de familia, lo que, si bien no está claro si es
beneficioso para la salud y para la eficiencia del sistema, sin duda agiliza el
proceso desde un punto de vista individual. Los hospitales privados suelen estar mejor equipados para atender a
los familiares y, por lo general, disponen de habitaciones individuales. Por
último, los afiliados pueden elegir entre la sanidad pública y varias
aseguradoras privadas, lo que les permite seleccionar la opción que mejor se
adapte a sus necesidades personales o geográficas. En general, lo que más se
valora es la rapidez en la atención médica no urgente que ofrece la sanidad
privada.
Entre las desventajas de la vía privada, los afiliados a
MUFACE suelen destacar que, fuera de Madrid y de las grandes ciudades, los
equipos médicos y los hospitales privados son menos numerosos. En algunas
provincias, apenas hay especialistas privados en determinadas áreas, lo que
supone un problema para los afiliados que eligen esta opción, ya que no siempre
se reside en Madrid; también es un problema cuando el beneficiario se desplaza
de su lugar de residencia ya que la enfermedad puede surgir en cualquier lugar.
Relacionado con lo anterior, en caso de urgencia, el
paciente debe ser trasladado a un hospital concertado con la aseguradora
elegida. De lo contrario, una vez superada la urgencia y siempre que la causa
de la atención médica no pertenezca a una lista de razones tasadas, el afiliado
deberá hacerse cargo de los gastos incurridos.
Además, existe una percepción generalizada de que, aunque
las aseguradoras ofrecen una amplia gama de servicios, algunos tratamientos o
especialidades pueden no estar cubiertos, lo que obliga a los afiliados a
recurrir a la sanidad pública en ciertos casos. Cuando esto ocurre, suele ser
después de que los tratamientos privados no hayan surtido efecto y se hayan
agotado las opciones disponibles. Esto representa un claro perjuicio para la
salud del asegurado porque el alargamiento en la detección de un diagnóstico adecuado
suele provocar problemas graves y sinsabores físicos y anímicos.
Posible
incorporación de MUFACE al Régimen General de la Seguridad Social
Las convocatorias realizadas para la renovación del
concierto a finales de 2024 han quedado desiertas, y el Gobierno se ha visto
obligado a realizar una nueva convocatoria. Parece existir un riesgo real de
que la negociación no prospere y haya que trasladar a los beneficiarios de
MUFACE que, en su momento, eligieron una aseguradora privada al Sistema
Nacional de Salud.
Dicho traslado no debería realizarse como consecuencia de
una ruptura de negociaciones, sino como fruto de una decisión política
consensuada por la sociedad española (2). Es precisamente de esta manera rápida
e irreflexiva como no se debería actuar.
La decisión de trasladar a los afiliados de MUFACE al Sistema Nacional de Salud implicaría la incorporación repentina —en los meses siguientes a la ruptura de las negociaciones— de 1.500.000 personas a la sanidad pública. De ellas, se estima que 800.000 se integrarían en la Comunidad de Madrid. El número total de personas que han escogido recibir la asistencia sanitaria mediante aseguradoras privadas (actualmente ASISA, ADESLAS y DKV) es de 1.007.322.
La distribución por edad de la población mutualista de MUFACE con prestación sanitaria privada es en términos de distribución porcentual por franjas de edad la siguiente: la población pediátrica (0-14 años) representa el 11.8%, la población joven (15-34 años) el 13.9%, el grupo de población entre los 35 y los 64 años son el 42.4%, mientras que los mayores de 65 años suponen el 31.9%. Esto representa una población envejecida avocada a usar más los servicios médicos.
Esta situación supondría una carga enorme para los servicios médicos públicos, que no parecen estar preparados para asumirla, en gran parte debido a las políticas sanitarias deficientes de los gobiernos autonómicos, entre los que destaca, por méritos propios, el de la mencionada Comunidad de Madrid.
Además, surgen preguntas cruciales: ¿qué pasará con los
pacientes que están en pleno tratamiento, atendidos por médicos que conocen su
evolución? ¿O con aquellos que esperan una intervención quirúrgica? ¿Cómo
afectará a los enfermos que ya dependen de la Seguridad Social pública, que de
repente tendrán que "competir" por recursos con los recién
incorporados?
Todos los problemas de organización en la sanidad pública
dejan un rastro de víctimas. Los recortes presupuestarios, los cambios de
políticas, la falta de recursos, la masificación de los servicios y las
decisiones basadas en principios ideológicos —que, aunque puedan ser legítimos
en su intención, no se acompañan de medidas presupuestarias adecuadas, una
planificación realista ni objetivos claros— representan un grave riesgo para la
salud pública.
Además, si MUFACE se integrara en el régimen general de la
Seguridad Social, el presunto agravio comparativo derivado de la posibilidad de
elegir seguros privados seguiría existiendo en aquellas mutualidades que no
enfrentan problemas en la renovación de sus respectivos concursos.
Por ello, lo primero es debatir con honestidad si resulta
más justo y eficiente unificar a todos los trabajadores bajo un único sistema
de protección o, por el contrario, mantener el statu quo. Si se concluye que la
unificación es la mejor opción, no debería esperarse a un conflicto que deje
solo nueve meses para la transición, que es lo que la Ley de Contratos permite prorrogar el convenio.
El plan B que propone el Ministerio de Sanidad si las aseguradoras no se presentan al concurso es aprovechar esos 9 meses, para realizar una incorporación paulatina estratificada por letra de comienzo del primer apellido, edad y aseguradora prestadora de servicios, singularizando su aplicación a nivel de cada Comunidad Autónoma. El plan, que no es tan alocado como para incluir ciertas salvaguardas, amplía a un año la transición para casos de pacientes inmersos en procesos terapéuticos que precisen continuidad. Esto parece insuficiente, en su lugar, debería aprovecharse un período completo del convenio para diseñar un plan de trabajo e implementar los cambios de manera más gradual.
Una estrategia viable y que conlleva más seguridad, siguiendo el ejemplo de casos similares —como
el de la gestión de las pensiones de los funcionarios mediante las clases
pasivas—, sería aplicar el criterio de extinción progresiva de los colectivos a
partir de una fecha determinada. De este modo, la transición se llevaría a cabo
de forma escalonada, permitiendo que las personas más afectadas por el cambio
permanezcan dentro del concierto hasta la desaparición paulatina de dicho
grupo.
Juan Carlos Barajas Martínez
Sociólogo y funcionario de la AGE
Notas
- La Seguridad Social en España cubre la extracción de muelas en casos necesarios, especialmente si hay infección, caries avanzada o riesgo para la salud del paciente. Sin embargo, la cobertura es limitada y suele centrarse en extracciones de urgencia o necesarias por razones médicas. La Seguridad Social también cubre la atención psicológica y psiquiátrica con ciertas limitaciones. MUFACE no cubre directamente la odontología ni la psicología, ofrece ayudas puntuales.
- Ya de paso, puestos a igualar la cobertura, esto debería aplicarse a todas las prestaciones. Se podría corregir el hecho de que los jubilados de MUFACE paguen un 20% más por los medicamentos que los pensionistas del Régimen General, y que las pensiones de los jubilados que aún se rigen por el cálculo de las Clases Pasivas de la AGE se determinen de la misma manera que las del resto de los pensionistas.
