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| René Magritte: el maestro de escuela |
“Es de interés primordial para los españoles que
el Estado acapare (en lo posible) los mejores ingenieros
, los mejores médicos, los mejores letrados,
disputándoselos a la industria privada y a las profesiones libres.
Abaratar la Administración no es criterio admisible,
porque mientras siga siendo defectuosa e incapaz,
por poco que cueste, será muy cara”
(Manuel Azaña: Grandeza y servidumbre de los funcionarios,
Obras Completas, tomo I, pág. 468).
Una conocida mía muy poco diplomática me vino a decir el otro día que yo no tenía motivo de queja porque era funcionario. Yo sólo soy asertivo cuando escribo, cuando me hurgan en según que llaga, mi respuesta puede ser contundente en exceso por lo que, con los años, he aprendido a darme la vuelta y dejar con la palabra en la boca al interlocutor impertinente. No hay mayor desprecio que no hacer aprecio dice nuestro refranero.
Lo que si puedo afirmar es que aquella señora no tiene ni puñetera idea de lo que es un funcionario y, por supuesto, no tiene ni puñetera idea de mis circunstancias personales, mi trabajo, mis deberes, mis obligaciones, ni – por supuesto- de mi trayectoria profesional. Lo que, según una lógica ibérica que nos pierde, le da derecho a opinar y aseverar, más allá de toda duda, que no tengo motivos para la queja.
Como el caso de esta señora no es único, quiero poner mi granito de arena para difundir, desde esta modesta tribuna, qué demonios es un funcionario. Y lo intentaré hacer de manera completa, yendo de lo más formal – las definiciones - hacia lo más informal – la vida, obras y milagros de los funcionarios.
Existen dos definiciones de funcionario, la primera, la del diccionario de la Real Academia, que es la del lenguaje usual. A esta definición se le añade la jurídica, que es la real, pero es la menos conocida. Y el problema está en que son bastante diferentes y esto provoca la confusión entre las gentes poco avezadas en estos asuntos.
Para la Real Academia la voz funcionario significa “persona que desempeña un empleo público”, sin embargo desde el punto de vista jurídico, no todos los empleados públicos son funcionarios.
En España, los empleados públicos pueden ser funcionarios de carrera, funcionarios interinos, contratados laborales fijos y contratados temporales. A los que hay que añadir el personal eventual que es el nombrado a dedo por los cargos políticos y que ocupan puestos de confianza que podrían ocupar perfectamente funcionarios sin extender la nómina ni aumentar el tan traído y llevado gasto público, pero ahí nos topamos con los intereses pocos claros de la clase política.
Los funcionarios de carrera no tienen un contrato laboral, tienen un título que les acredita para la función pública y su relación laboral con la Administración está regulada por el derecho administrativo. Los funcionarios interinos desempeñan su función con carácter temporal, usualmente mientras se cubre la plaza de manera definitiva.
En cuanto a los contratados, como su nombre indica, tienen un contrato laboral con el organismo público en el que prestan sus servicios y su relación laboral está regulada por el Estatuto de los Trabajadores y por el resto de la normativa del derecho laboral (1).
Así que el privilegio de tener un trabajo completamente seguro, no protege a todos los empleados públicos. De las cuatro categorías antes señaladas solo está protegido el colectivo de los funcionarios de carrera. Los interinos pueden irse a la calle en cualquier momento y las últimas modificaciones introducidas por el Gobierno en la legislación facilitan el despido de los contratados laborales.
Si nos vamos a los números, según el último Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, (2) en todos los niveles de la administración – estatal, autonómico y municipal - , el número de funcionarios es de 1.653.498 y el de contratados es de 690.278. Pueden parecer muchos pero si lo comparas con los países de la Unión Europea andamos por el puesto 14º con 17,5 funcionarios por cada cien habitantes y veremos cuántos sobrevivimos cuando los señores mundiales de la economía decidan que ya está bien de crisis.
No estará de más que nos detengamos un momento en la cuestión de la seguridad en el puesto de trabajo pues es una cuestión muy controvertida, es la razón por la que el funcionariado es considerado como un sector privilegiado y desata envidias, rencores y es excusa al uso cuando los gobiernos fustigan al colectivo.
No voy a quitarle importancia que tiene este asunto, ni negar que es un privilegio, de hecho a partir de cierta edad se ha convertido en mi razón principal para ser funcionario, pero conviene – con el fin de saberlo todo – el origen, la forma de esta norma, así como las acciones represoras que con el tiempo ha venido desarrollado la Administración con ánimo de sustituir a la institución del despido.
En tiempos de la Restauración, durante la segunda mitad del siglo XIX, todos los puestos de la administración eran de libre de designación y cuando entraba un nuevo gobierno – y recuérdese que había alternancia pactada entre liberales y conservadores – desde el ordenanza hasta el ministro del gobierno saliente se iban a la calle y eran sustituidos por otros del gobierno entrante. Imaginaos por tanto, el clientelismo político que se desarrollaba, las decisiones de la función pública – algunas de ellas vitales como por ejemplo el control presupuestario o la intervención del gasto - que debían tomarse desde la independencia se tomaban desde el partidismo. Ya sé que en el momento actual se han dado muchas situaciones de corrupción, sobre todo en los ayuntamientos en los que el funcionario se encuentra “más solo” frente a las presiones del político, pero se puede uno imaginar lo que habría sucedido si el funcionario que tiene que dar aprobación técnica fuera directamente del partido gobernante.
Más aún, ni se ha estudiado ni se ha hablado suficientemente del papel del funcionariado en la transición política, a excepción hecha de los militares golpistas que como sabemos tenían sus propias ideas al respecto. El hecho de que la administración pública fuera independiente políticamente en su mayoría, salvo los sectores del sindicalismo vertical y el segmento del búnker (3) que había en todas partes, allanó también el camino de la transición a la democracia.
Un funcionariado independiente, y sólo se puede ser independiente si tu puesto de trabajo no depende del político de turno, es un freno para los desmanes de la clase política en todos los niveles de la administración.
La gente no sabe que existe un régimen disciplinario muy completo, cuyas sanciones pueden llegar a la separación del servicio pero la demostración de las faltas requiere de garantías jurídicas y de la constitución de una comisión que lleve adelante el expediente. El hecho de tener que incoar un procedimiento disuade en la mayoría de las ocasiones a las autoridades que tienen que ponerlo en marcha, además, las pruebas pueden salpicar en todas las direcciones. De hecho los pocos casos que he conocido a lo largo de mi vida laboral han terminado en la Jurisdicción Contencioso Administrativa con los jueces dando palos a diestro y siniestro.
Esta dificultad en el despido ha sido patente de corso para que una minoría de desaprensivos encuentre su nicho ecológico en la administración y esta minoría ha dado muy mala fama a todos los empleados públicos.
El hecho de no tener facilidad de despido en la Administración ha hecho que se desarrollen otros mecanismos represores cuyas víctimas no siempre son los indeseables de los que hablábamos en el párrafo anterior. A veces la dirección acude a sistemas como el exilio interior, el dejar a alguien en un despacho sin hacer nada, la persecución continua o el desprestigio sistemático de todo lo que ese alguien hace, lo que provoca situaciones muy duras que hay que vivirlas para saber de qué van y que muchas veces terminan por provocar que la víctima cambie de organismo o simplemente se vaya a su casa.
Y estas situaciones se dan mucho más de lo que parece, mucho más que en la empresa privada, ya que es este ámbito se solucionan las cosas mediante el despido. Hay un informe muy interesante, denominado informe Cisneros-V en alusión a la metodología que se emplea, sobre los riesgos psicosociales en la administración (4). Los resultados que ofrece el informe son de lo más esclarecedores. El 38,6 % de los funcionarios sufre de acoso laboral o mobbing (5), y está situación es provocada por los jefes en un 69% de los casos.
Otra situación que se reproduce con bastante frecuencia en la administración es el síndrome del trabajador carbonizado o burnout (6). La falta de una carrera administrativa real o el cierre de proyectos en los que se ha trabajado durante mucho tiempo sin una explicación coherente o la falta de incentivos. La falta de movilidad en el trabajo de manera que ves a la misma gente y te enfrentas a los mismos problemas durante años. Es el caso de médicos, asistentes sociales, psicólogos o profesores que tienen que enfrentarse a problemas sociales sin medios y sin esperanza de poder resolverlos; o del señor de la ventanilla – normalmente mileurista – vilipendiado injustamente como tomador de cafés que deja huérfanos a los ciudadanos en la cola de espera, que tiene que atender a más personas que tiempo disponible tiene para hacerlo. Hay mil situaciones semejantes que provocan un estado de fatiga o de frustración respecto a las expectativas que tenía el empleado cuando comenzó a trabajar, en esta tesitura el afectado tiende a identificar estos problemas como fracasos personales. En el mismo informe Cisneros-V se señala que el 9,6 % de los empleados públicos sufre este síndrome del trabajador carbonizado.
Otro de los puntos que definen a un empleado público es que no se hará rico viviendo de su sueldo. Esto lo podemos analizar desde dos puntos de vista. En primer lugar en las remuneraciones que en muchos puestos son inferiores a las equivalentes en el ámbito privado. En segundo lugar, mirando como decrecen los sueldos todos los años, ya sea en períodos expansivos o de crisis, según el IPC.
En general, existe una mayor igualdad en las retribuciones de los niveles bajos con respecto a la empresa privada, algunos estudios hablan de que incluso es superior en el ámbito público (7), pero eso en el fondo no quiere decir nada en lo que a privilegios se refiere. El hecho es que en nuestro país los sueldos de este tipo de profesiones son bajos. Hay mucho mileurista en la administración porque hay mucho mileurista en el país. Sin embargo, conforme vamos subiendo en la escala jerárquica, el diferencial entre la empresa privada y la empresa pública se dispara a favor de los primeros. Lo que quiere decir que existe más igualdad económica dentro de la administración que fuera de ella (8). Por poner un ejemplo, para la Administración General del Estado y para el sector de la informática, tenemos que un Subdirector General de un Ministerio cobra un 56% menos que su homólogo en la empresa privada, un funcionario medio-alto un 60 % menos y un funcionario de nivel medio-bajo un 51% (9).
En cuanto a cómo se ha ido reduciendo el sueldo según los años se puede consultar la tabla adjunta elaborada por los sindicatos por el simple procedimiento de comparar el incremento en las retribuciones con el coste de la vida. En ella se puede apreciar que la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos se ha reducido en el período 1982-2011 en un 55,14%. No incluyo la pérdida del 7% por la eliminación de la paga extraordinaria de navidad. Ni la última medida del Gobierno que va a cobrar las cotizaciones de la paga de navidad a los funcionarios de carrera con mutualidad, el colectivo más numeroso. Recordemos que es una paga que no van a cobrar.
Lo que si puedo afirmar es que aquella señora no tiene ni puñetera idea de lo que es un funcionario y, por supuesto, no tiene ni puñetera idea de mis circunstancias personales, mi trabajo, mis deberes, mis obligaciones, ni – por supuesto- de mi trayectoria profesional. Lo que, según una lógica ibérica que nos pierde, le da derecho a opinar y aseverar, más allá de toda duda, que no tengo motivos para la queja.
Como el caso de esta señora no es único, quiero poner mi granito de arena para difundir, desde esta modesta tribuna, qué demonios es un funcionario. Y lo intentaré hacer de manera completa, yendo de lo más formal – las definiciones - hacia lo más informal – la vida, obras y milagros de los funcionarios.
Existen dos definiciones de funcionario, la primera, la del diccionario de la Real Academia, que es la del lenguaje usual. A esta definición se le añade la jurídica, que es la real, pero es la menos conocida. Y el problema está en que son bastante diferentes y esto provoca la confusión entre las gentes poco avezadas en estos asuntos.
Para la Real Academia la voz funcionario significa “persona que desempeña un empleo público”, sin embargo desde el punto de vista jurídico, no todos los empleados públicos son funcionarios.
En España, los empleados públicos pueden ser funcionarios de carrera, funcionarios interinos, contratados laborales fijos y contratados temporales. A los que hay que añadir el personal eventual que es el nombrado a dedo por los cargos políticos y que ocupan puestos de confianza que podrían ocupar perfectamente funcionarios sin extender la nómina ni aumentar el tan traído y llevado gasto público, pero ahí nos topamos con los intereses pocos claros de la clase política.
Los funcionarios de carrera no tienen un contrato laboral, tienen un título que les acredita para la función pública y su relación laboral con la Administración está regulada por el derecho administrativo. Los funcionarios interinos desempeñan su función con carácter temporal, usualmente mientras se cubre la plaza de manera definitiva.
En cuanto a los contratados, como su nombre indica, tienen un contrato laboral con el organismo público en el que prestan sus servicios y su relación laboral está regulada por el Estatuto de los Trabajadores y por el resto de la normativa del derecho laboral (1).
Así que el privilegio de tener un trabajo completamente seguro, no protege a todos los empleados públicos. De las cuatro categorías antes señaladas solo está protegido el colectivo de los funcionarios de carrera. Los interinos pueden irse a la calle en cualquier momento y las últimas modificaciones introducidas por el Gobierno en la legislación facilitan el despido de los contratados laborales.
Si nos vamos a los números, según el último Boletín Estadístico del Registro Central de Personal, (2) en todos los niveles de la administración – estatal, autonómico y municipal - , el número de funcionarios es de 1.653.498 y el de contratados es de 690.278. Pueden parecer muchos pero si lo comparas con los países de la Unión Europea andamos por el puesto 14º con 17,5 funcionarios por cada cien habitantes y veremos cuántos sobrevivimos cuando los señores mundiales de la economía decidan que ya está bien de crisis.
No estará de más que nos detengamos un momento en la cuestión de la seguridad en el puesto de trabajo pues es una cuestión muy controvertida, es la razón por la que el funcionariado es considerado como un sector privilegiado y desata envidias, rencores y es excusa al uso cuando los gobiernos fustigan al colectivo.
No voy a quitarle importancia que tiene este asunto, ni negar que es un privilegio, de hecho a partir de cierta edad se ha convertido en mi razón principal para ser funcionario, pero conviene – con el fin de saberlo todo – el origen, la forma de esta norma, así como las acciones represoras que con el tiempo ha venido desarrollado la Administración con ánimo de sustituir a la institución del despido.
En tiempos de la Restauración, durante la segunda mitad del siglo XIX, todos los puestos de la administración eran de libre de designación y cuando entraba un nuevo gobierno – y recuérdese que había alternancia pactada entre liberales y conservadores – desde el ordenanza hasta el ministro del gobierno saliente se iban a la calle y eran sustituidos por otros del gobierno entrante. Imaginaos por tanto, el clientelismo político que se desarrollaba, las decisiones de la función pública – algunas de ellas vitales como por ejemplo el control presupuestario o la intervención del gasto - que debían tomarse desde la independencia se tomaban desde el partidismo. Ya sé que en el momento actual se han dado muchas situaciones de corrupción, sobre todo en los ayuntamientos en los que el funcionario se encuentra “más solo” frente a las presiones del político, pero se puede uno imaginar lo que habría sucedido si el funcionario que tiene que dar aprobación técnica fuera directamente del partido gobernante.
Más aún, ni se ha estudiado ni se ha hablado suficientemente del papel del funcionariado en la transición política, a excepción hecha de los militares golpistas que como sabemos tenían sus propias ideas al respecto. El hecho de que la administración pública fuera independiente políticamente en su mayoría, salvo los sectores del sindicalismo vertical y el segmento del búnker (3) que había en todas partes, allanó también el camino de la transición a la democracia.
Un funcionariado independiente, y sólo se puede ser independiente si tu puesto de trabajo no depende del político de turno, es un freno para los desmanes de la clase política en todos los niveles de la administración.
La gente no sabe que existe un régimen disciplinario muy completo, cuyas sanciones pueden llegar a la separación del servicio pero la demostración de las faltas requiere de garantías jurídicas y de la constitución de una comisión que lleve adelante el expediente. El hecho de tener que incoar un procedimiento disuade en la mayoría de las ocasiones a las autoridades que tienen que ponerlo en marcha, además, las pruebas pueden salpicar en todas las direcciones. De hecho los pocos casos que he conocido a lo largo de mi vida laboral han terminado en la Jurisdicción Contencioso Administrativa con los jueces dando palos a diestro y siniestro.
Esta dificultad en el despido ha sido patente de corso para que una minoría de desaprensivos encuentre su nicho ecológico en la administración y esta minoría ha dado muy mala fama a todos los empleados públicos.
El hecho de no tener facilidad de despido en la Administración ha hecho que se desarrollen otros mecanismos represores cuyas víctimas no siempre son los indeseables de los que hablábamos en el párrafo anterior. A veces la dirección acude a sistemas como el exilio interior, el dejar a alguien en un despacho sin hacer nada, la persecución continua o el desprestigio sistemático de todo lo que ese alguien hace, lo que provoca situaciones muy duras que hay que vivirlas para saber de qué van y que muchas veces terminan por provocar que la víctima cambie de organismo o simplemente se vaya a su casa.
Y estas situaciones se dan mucho más de lo que parece, mucho más que en la empresa privada, ya que es este ámbito se solucionan las cosas mediante el despido. Hay un informe muy interesante, denominado informe Cisneros-V en alusión a la metodología que se emplea, sobre los riesgos psicosociales en la administración (4). Los resultados que ofrece el informe son de lo más esclarecedores. El 38,6 % de los funcionarios sufre de acoso laboral o mobbing (5), y está situación es provocada por los jefes en un 69% de los casos.
Otra situación que se reproduce con bastante frecuencia en la administración es el síndrome del trabajador carbonizado o burnout (6). La falta de una carrera administrativa real o el cierre de proyectos en los que se ha trabajado durante mucho tiempo sin una explicación coherente o la falta de incentivos. La falta de movilidad en el trabajo de manera que ves a la misma gente y te enfrentas a los mismos problemas durante años. Es el caso de médicos, asistentes sociales, psicólogos o profesores que tienen que enfrentarse a problemas sociales sin medios y sin esperanza de poder resolverlos; o del señor de la ventanilla – normalmente mileurista – vilipendiado injustamente como tomador de cafés que deja huérfanos a los ciudadanos en la cola de espera, que tiene que atender a más personas que tiempo disponible tiene para hacerlo. Hay mil situaciones semejantes que provocan un estado de fatiga o de frustración respecto a las expectativas que tenía el empleado cuando comenzó a trabajar, en esta tesitura el afectado tiende a identificar estos problemas como fracasos personales. En el mismo informe Cisneros-V se señala que el 9,6 % de los empleados públicos sufre este síndrome del trabajador carbonizado.
Otro de los puntos que definen a un empleado público es que no se hará rico viviendo de su sueldo. Esto lo podemos analizar desde dos puntos de vista. En primer lugar en las remuneraciones que en muchos puestos son inferiores a las equivalentes en el ámbito privado. En segundo lugar, mirando como decrecen los sueldos todos los años, ya sea en períodos expansivos o de crisis, según el IPC.
En general, existe una mayor igualdad en las retribuciones de los niveles bajos con respecto a la empresa privada, algunos estudios hablan de que incluso es superior en el ámbito público (7), pero eso en el fondo no quiere decir nada en lo que a privilegios se refiere. El hecho es que en nuestro país los sueldos de este tipo de profesiones son bajos. Hay mucho mileurista en la administración porque hay mucho mileurista en el país. Sin embargo, conforme vamos subiendo en la escala jerárquica, el diferencial entre la empresa privada y la empresa pública se dispara a favor de los primeros. Lo que quiere decir que existe más igualdad económica dentro de la administración que fuera de ella (8). Por poner un ejemplo, para la Administración General del Estado y para el sector de la informática, tenemos que un Subdirector General de un Ministerio cobra un 56% menos que su homólogo en la empresa privada, un funcionario medio-alto un 60 % menos y un funcionario de nivel medio-bajo un 51% (9).
En cuanto a cómo se ha ido reduciendo el sueldo según los años se puede consultar la tabla adjunta elaborada por los sindicatos por el simple procedimiento de comparar el incremento en las retribuciones con el coste de la vida. En ella se puede apreciar que la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos se ha reducido en el período 1982-2011 en un 55,14%. No incluyo la pérdida del 7% por la eliminación de la paga extraordinaria de navidad. Ni la última medida del Gobierno que va a cobrar las cotizaciones de la paga de navidad a los funcionarios de carrera con mutualidad, el colectivo más numeroso. Recordemos que es una paga que no van a cobrar.
IPC
%
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Incremento
retribuciones
%
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Pérdida
salarial
%
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Tasa PIB
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19821983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010
2010
2011
2012
2012
2013
|
14,00
|
8,00
|
- 6,00
|
1,21,81,82,33,35,55,14,83,82,50,9-12,45,02,53,94,54,75.03,72,73,13,33,64,13,50,9-3,7-0,3------0,4------------------ |
Cómo se puede apreciar, los funcionarios no se beneficiaron de los momentos en que la economía iba bien, cuando era expansiva. Los empleados públicos se perdieron la fiesta económica que va desde 1997 hasta 2007, en la década prodigiosa fuimos meros espectadores.
Curiosamente, a pesar de estas cifras, conozco a muy pocos funcionarios entrampados en créditos que no pueden pagar, o como se dice ahora – con muy mal gusto por cierto y mucha imprecisión – conozco a muy pocos funcionarios que hayan vivido por encima de sus posibilidades. No es que estemos hechos de una pasta especial, aunque más adelante veremos que el funcionario tiene una cierta visión conservadora de la vida, fundamentalmente se debe a que el empleado público ha sabido hasta ahora – en que los gobiernos han decidido no sólo no subirnos sino quitarnos – qué iba a ganar en el próximo año y que iba tener seguro su sueldo pequeño o grande. Por lo tanto si pedía un crédito sabía más o menos con mucha seguridad hasta dónde se podía entrampar. Si podía se metía si no, no. En cambio, conozco a más de uno que no llega a fin de mes, porque por muchos equilibrios, recortes y estrecheces, de donde no hay, no se puede sacar (10).
Los funcionarios suelen ser gente con un buen nivel de formación, en general superior a la media de los trabajadores para cada puesto de trabajo. Y aquí hay que contar también con dos razones. En primer lugar por el proceso de selección que se utiliza para la entrada de nuevo personal: las temidas oposiciones, por otro lado, por los planes de formación continua que la Administración ha llevado a cabo.
El asunto de las oposiciones merece un artículo aparte, no entraré aquí y ahora en una valoración de lo que implica este – por decirlo de alguna manera – exigente sistema. Tan sólo debemos tener en cuenta que aprobar una oposición requiere de un gran esfuerzo de estudio sea cual sea el nivel del cuerpo al que se aspire. En los cuerpos de menor nivel jerárquico el problema es la terrible competencia por el desfase entre las plazas ofrecidas y el número de aspirantes y en las plazas de mayor nivel, la exigencia es máxima en cuanto a nivel de conocimientos especializados necesarios y en cuanto a la titulación exigida. En cualquier caso, independientemente del tipo de oposición que sea, el funcionario ha debido dedicar mucho tiempo al estudio y su nivel de formación de partida es muy superior al de trabajadores de otros ámbitos.
Curiosamente, a pesar de estas cifras, conozco a muy pocos funcionarios entrampados en créditos que no pueden pagar, o como se dice ahora – con muy mal gusto por cierto y mucha imprecisión – conozco a muy pocos funcionarios que hayan vivido por encima de sus posibilidades. No es que estemos hechos de una pasta especial, aunque más adelante veremos que el funcionario tiene una cierta visión conservadora de la vida, fundamentalmente se debe a que el empleado público ha sabido hasta ahora – en que los gobiernos han decidido no sólo no subirnos sino quitarnos – qué iba a ganar en el próximo año y que iba tener seguro su sueldo pequeño o grande. Por lo tanto si pedía un crédito sabía más o menos con mucha seguridad hasta dónde se podía entrampar. Si podía se metía si no, no. En cambio, conozco a más de uno que no llega a fin de mes, porque por muchos equilibrios, recortes y estrecheces, de donde no hay, no se puede sacar (10).
Los funcionarios suelen ser gente con un buen nivel de formación, en general superior a la media de los trabajadores para cada puesto de trabajo. Y aquí hay que contar también con dos razones. En primer lugar por el proceso de selección que se utiliza para la entrada de nuevo personal: las temidas oposiciones, por otro lado, por los planes de formación continua que la Administración ha llevado a cabo.
El asunto de las oposiciones merece un artículo aparte, no entraré aquí y ahora en una valoración de lo que implica este – por decirlo de alguna manera – exigente sistema. Tan sólo debemos tener en cuenta que aprobar una oposición requiere de un gran esfuerzo de estudio sea cual sea el nivel del cuerpo al que se aspire. En los cuerpos de menor nivel jerárquico el problema es la terrible competencia por el desfase entre las plazas ofrecidas y el número de aspirantes y en las plazas de mayor nivel, la exigencia es máxima en cuanto a nivel de conocimientos especializados necesarios y en cuanto a la titulación exigida. En cualquier caso, independientemente del tipo de oposición que sea, el funcionario ha debido dedicar mucho tiempo al estudio y su nivel de formación de partida es muy superior al de trabajadores de otros ámbitos.
Además, no se le puede criticar a la Administración General del Estado el que no haya invertido en formación de sus trabajadores. Las cifras de inversión en capital humano han sido multimillonarias. Aquí el problema ha sido que la formación no ha estado muy dirigida al puesto de trabajo que se desempeñaba, sino que ha sido más bien formación de carácter general, lo que ha implicado que no se hayan obtenido los resultados apetecidos en cuanto a productividad. Ahora bien, independientemente de esto, los cursos han redundado en el buen nivel de formación de los trabajadores.
El funcionario medio es una persona madura por no decir mayor, según el Boletín Estadístico del Personal, el 37,8 % del personal adscrito a ministerios y organismos autónomos tiene una edad comprendida entre 50 y 59 años y el 35,6% entre 40 y 49 años. Jovencitos, es decir de menos de 30 años, sólo hay un 2,3%. Esto ha ocurrido por las políticas seguidas por los sucesivos gobiernos de imponer una tasa de reposición baja con el fin de reducir el personal al servicio de las administraciones. Aunque no existía ningún inconveniente en gastarse los dineros en subcontratar con empresas externas, lo que correspondía a un curioso fenómeno, contratar nuevos funcionarios era aumentar el gasto público, en cambio, contratar a empresas externas era inversión pública. En los últimos años la tasa de reposición era de un 10% de las jubilaciones, este año será el 0%, no entrará nadie nuevo.
Hay más mujeres que hombres en las administraciones, en concreto para la Administración General del Estado, las mujeres representan el 51,8% y los hombres el 48,2% y, si nos fijamos nada más que en los funcionarios de carrera, las cifras son un 53,3% de mujeres por un 46,7% de hombres. Sigamos con los funcionarios de carrera, hay más hombres que mujeres en puestos de responsabilidad, pero las cifras no son escandalosamente diferentes como en otros ámbitos. Es curioso resaltar que cuando examinamos este dato en función de la edad, nos encontramos que entre los menores de 39 años hay más mujeres directivas y predirectivas que hombres. Sin embargo, en puestos de poca responsabilidad hay más del doble de mujeres que de hombres.
Me gustaría precisar que la administración es una buena salida profesional para las mujeres, básicamente porque – al contrario de lo que ocurre en las empresas – a idéntica categoría profesional se cobra lo mismo independientemente del sexo y no hay despidos encubiertos con los embarazos y otras cuestiones discriminatorias de este tipo. Además muchos de los destinos tienen un contenido social que suele ser el tipo de trabajos que estadísticamente más interesan a las mujeres.
Es el de los empleados públicos un colectivo muy heterogéneo tanto vertical y como horizontalmente. A ver si aclaro esto. Por heterogeneidad vertical me refiero a que las administraciones son organizaciones fuertemente jerárquicas, están basadas en el modelo burocrático y es ésa – la jerarquía – uno de los principios identitarios de la burocracia. Por tanto existen una serie de niveles jerárquicos, tanto para funcionarios como para contratados, que marcan distintas funciones, responsabilidades y, claro en función de estas, cada una con sus remuneraciones específicas.
Respecto a la horizontalidad se refiere a que hay una gran cantidad de profesiones diferentes, desde militares y policías hasta abogados del Estado, pasando por aduanas o médicos. Hay una increíble cantidad de oficios y profesiones al servicio de las administraciones.
Esta heterogenidad implica que se trata de un colectivo con intereses contrapuestos y muy difícil de poner de acuerdo. Los intereses y preocupaciones de un ingeniero de caminos son muy distintos de los de un fontanero, de la misma forma, la visión de la vida de un subdirector general no coincide con las necesidades de un ordenanza. Todos tienen en común que su sueldo lo pagan los contribuyentes, pero poco más. Esto es una baza a favor del empleador, es decir según el caso, el Estado, la Comunidad Autónoma o el ayuntamiento que se las ve con un colectivo fácil de dividir y con dificultades para organizarse.
Los funcionarios suelen ser gente conservadora, cuando digo “suelen” quiero decir que como en cualquier colectivo amplio hay de todo como en botica, pero que hay una porción muy importante que son conservadores. Y son conservadores no necesariamente en el sentido político, sino en el sentido vital, son personas a las que les gusta la estabilidad, aunque no a cualquier precio. Yo mismo me considero conservador desde ese punto de vista. Este conservadurismo es otra baza a favor de los que mandan, pues tratan con un colectivo al que le cuesta mucho movilizarse, ya que esto representa un cambio importante en sus vidas y no les apetece nada. Dicho de otra manera, el funcionariado no es el sector del metal o de los transportes, sectores cuyos trabajadores tienen más cultura de la lucha sindical.
En general es el de los empleados públicos un colectivo respetuoso con las normas. En su trabajo, diariamente, tienen que seguir y aplicar procedimientos regulados por reglamentos y leyes. Es natural que por deformación profesional esta forma de pensar se traslade a otros aspectos de la vida. Así que, una vez más, a los gobernantes les es más fácil atacar con normativa específica a los funcionarios que a otros colectivos.
Otro de los tópicos que hacen daño al funcionario es el hecho de que existe en la sociedad la idea de que el funcionariado no trabaja o que se pasa el día desayunando, pero alguien ha de trabajar puesto que, de mejor o peor manera, la Administración está operativa. La idea general que hay en la sociedad de que el funcionario no trabaja viene de la existencia de esos indeseables a los que antes hacía referencia y cuya existencia muchas veces es patente y trasciende al medio social. Ya hemos visto que la tolerancia a estas posturas viene de la dificultad de la Administración para despedir a ese tipo de personal. Pero si obviamos estas figuras, que al fin y al cabo son minoritarias, ¿qué diferencia se observa entre, por ejemplo, el personal de un Ministerio y el de una empresa privada dotada de una organización burocrática?. Yo que conozco ambos mundos no la veo.
Puedo asegurar que la mayoría de los funcionarios que conozco son gentes cumplidoras y trabajadoras, que realizan todos los trabajos que se le encargan. A pesar de que no tienen muchos incentivos aparte de la vergüenza profesional, pues no existe una carrera administrativa real aunque la normativa de la función pública lo expresa como un principio básico.
Los problemas que en este sentido manifiesta la Administración tienen su origen, más que en su personal – siendo éste un aspecto de urgente estudio y mejora - en otras esferas, como son la falta de una organización funcional superpuesta a la jerárquica, falta de planificación, falta de objetivos identificados, cambios continuos en las políticas públicas o cambios de prioridades, la rutinización, la anomia y otras cuestiones que tienen que ver con la organización de funciones.
Si el director general de turno estableciera unos objetivos anuales a sus subdirectores, si estos a su vez hicieran lo mismo con sus subordinados y cada uno supiera claramente cual es el trabajo a realizar en los meses siguientes, si sólo se hiciera eso, se evitaría en gran parte que hubiera empleados parados en ciertos períodos y con un trabajo desaforado en otros momentos, o bien, servicios con mucha gente y poco trabajo y lo contrario, poca gente y mucho trabajo. Por cierto, también hay que admitir que hay organismos que funcionan como relojes, que no todo es desorden y desconcierto.
Así que, después de lo visto, podemos asegurar que cuando el colectivo de funcionarios protesta o se queja - sabiendo que es conservador por naturaleza, muy heterogéneo, disciplinado y respetuoso con las normas - debe ser porque tiene sobradas razones pues no es un grupo muy dado a algaradas ni algarabías sin ton ni son. Como el resto de los trabajadores o asalariados de este país quieren unas condiciones de trabajo decentes y un salario digno. El que piensa que a la gente le gustan las huelgas y las manifestaciones de protesta es que, o bien es un descerebrado, o bien no ha trabajado en su puñetera vida.
La política seguida por los últimos gobiernos contra los empleados públicos ha mejorado en ciertos sectores la imagen de los funcionarios, pero lo más triste de todo es que gente como la señora poco diplomática, de la que hablaba en el primer párrafo de este artículo, sigue habiendo mucha; personas a las que es muy difícil convencer porque tienen una idea preconcebida de nosotros que sólo desean confirmar.
Hay personas que tienen más motivos para la queja que los funcionarios, para empezar los parados, pero los empleados públicos son trabajadores muy castigados por la crisis de su patrón, el Estado. Nos llevan dando en el mismo carrillo desde hace mucho tiempo, quizás nuestra vida no sea tan penosa como expreso en el título del artículo pero estamos doloridos en nuestros bolsillos y en nuestros trabajos, ¿es que no vamos a poder ni siquiera quejarnos?
Juan Carlos Barajas Martínez
Funcionario
Miembro del ICCA
Funcionario
Miembro del ICCA
Notas:
(1) A partir de este punto, una vez claro el concepto, usaremos la voz “funcionarios” en el sentido del diccionario de la RAE y utilizaremos el término “funcionario de carrera” con el fin de distinguir a este colectivo y evitar confusiones.
(2) El Boletín Estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas es una publicación incluida en el Plan Estadístico Nacional, y presenta un panorama genérico de la distribución de efectivos de todas las Administraciones Públicas. El Boletín es elaborado por la Subdirección General de Gestión Instrumental de los Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y recopila datos de muy diversas fuentes, siendo el Registro Central de Personal una de las fundamentales
(3) Por búnker se entendía en tiempos de la transición los sectores del antiguo régimen que se resistían ferozmente al cambio político.
(4) El informe Cisneros-V, cuyo título real era “Libro Blanco. Los riesgos psicosociales en la administración”, fue un estudio patrocinado por el Sindicato GESTHA y las Asociaciones Profesionales de los Cuerpos Técnicos del Ministerio de Hacienda, dirigido por los profesores Iñaki Piñuel y Araceli Oñate de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alcalá de Henares. La investigación se realizó en la Agencia Tributaria y la Intervención General del Estado a lo largo de los meses de mayo y junio de 2004
(5) Según la definición dada en la sesión de 19 de junio de 2001 en el Senado, el acoso psicológico o mobbing “es el continuado y deliberado maltrato verbal y modal que recibe un trabajador por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el objeto de lograr su aniquilación o destrucción psicológica y obtener su salida de la organización o su sometimiento a través de diferentes procedimientos ilegales, ilícitos o ajenos a un trato respetuoso o humanitario y que atentan contra la dignidad del trabajador”.
(6) Según Malash, el síndrome del trabajador carbonizado o burnout, es “el indicador de una dislocación entre lo que la persona es y lo que tiene que hacer en el trabajo. Representa una erosión en los valores, en la dignidad, en el espíritu y en la voluntad, una verdadera erosión del alma de los trabajadores”. Según el informe Cisneros V, es una pérdida progresiva del idealismo, energía y motivos vividos por la gente en las profesiones de ayuda, y como resultado de determinadas condiciones de trabajo negativas.
(7) Esta misma semana, después de escribir estas líneas, el INE ha publicado la encuesta de Estructura Salarial de 2010, entre cuyos resultados se afirma, sin el menor recato, que el personal del sector público cobra un 30% más que los empleados del sector privado. Todos sabemos que los números se pueden presentar de muchas maneras y maquillar de muchos modos, si no, acordaos que el día siguiente a las elecciones todos los partidos ganan. Para realizar el cálculo el INE ha incluido a los empleados de las empresas públicas – que no son empleados públicos y que tienen remuneraciones medias mayores – y ha excluido a los funcionarios de carrera que cotizan a las mutualidades – es decir a la mayoría de los empleados públicos y que cobran sueldos más moderados -. El objetivo del Gobierno es intoxicar a la opinión pública para hacer pasar a los empleados públicos como una casta privilegiada con el fin de aplicar nuevos recortes y ante los próximos despidos que se esperan en las administraciones públicas.
Como contraposición a esta postura tan extrema del INE, podemos citar a Marco Celentani, profesor de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, que en un artículo en el blog "Nada es gratis" dice textualmente "aun cuando en las cifras que a veces se barajan, parezca que el sueldo medio del empleado público es superior al del sector privado, para hacer una comparación sensata hay que tener en cuenta las diferentes características de los individuos, entre ellas su formación. No tiene sentido comparar el sueldo de un neurólogo que trabaja en el sector público con el de un empleado público con el de un empleado del sector privado sin apenas estudios y que realiza un trabajo poco calificado. Pero tampoco hay que olvidar que los empleos públicos son distintos a los privados por una razón fundamental: son más estables y que generan unos ingresos menos variables". Celentani cita un estudio de la Universidad de Bristol del que resultaría que, tomando en cuenta las distintas variables y que el estudio se realiza sobre toda la vida laboral, las diferencias salariales entre el sector público y el sector privado en España son pequeñas o nulas
(8) En la administración hay menos desigualdad económica pero, si atendemos a las otras características weberianas de estratificación social como son el estatus y el poder, si hay diferencias apreciables.
(9) Informe sobre la situación de los recursos humanos de tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración del Estado. Ministerio de Administraciones Públicas. Madrid 2000. El informe es antiguo, pero las cifras me parecen significativas. Las pongo por eso y por pertenecer a mi sector profesional.
(10) A partir de ahora, con los despidos en el sector público, empezaremos a ver a ex empleados públicos desahuciados de sus pisos
La muy estable y penosa vida del funcionario por Juan Carlos Barajas Martínez se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 Unported.
Basada en una obra en http://sociologiadivertida.blogspot.com.es/.
