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Breve etnografía de los empleados públicos

Cuadro de René Magritte

 

Resumen

La tesis de este artículo es que la subcultura de los empleados públicos, en España, agrupados en unidades administrativas pequeñas y medias, presenta similitudes con los elementos de la subcultura de los campesinos. Para ello se apoya en el enfoque de la imagen del bien limitado del antropólogo Foster.

Summary

The thesis of this article is that the subculture of civil servants, in Spain, grouped in small and medium administrative units, presents similarities with the elements of the subculture of the peasants. To this end, it is based on the anthropologist Foster's approach of the image of the limited good.

Índice

  • ¿Qué demonios es una etnografía?
  • ¿Cuál es el objetivo que persigo?
  • ¿Por qué me apoyo en la antropología y no en la ciencia de la administración?
  • Comparación asombrosa
  • La imagen del bien limitado de Foster
  • Características de la imagen del bien limitado en el funcionariado

 

¿Qué demonios es una etnografía?

Para poder entender un artículo hay que comprender primero el título, que suele darnos una pista de lo quiere decir el autor. Así que, querido lector, si quieres comprender lo que quiero expresar y si yo quiero que tú me comprendas, hemos de empezar por saber qué es una etnografía.

Para el famoso sociólogo británico Anthony Giddens (1), la etnografía es “el estudio directo de personas y grupos durante un cierto periodo, utilizando la observación participante o las entrevistas, para conocer su comportamiento social”.​ Se trata de registrar una imagen realista y fiel del grupo estudiado. Es la técnica principal de investigación de la antropología social y cultural. El gran antropólogo francés Claude Levi-Strauss (2) la considera incluso como la primera etapa de investigación antropológica.

En un principio esta técnica se utilizó para analizar a las comunidades aborígenes, actualmente se aplica también al estudio de cualquier grupo humano que se pretenda conocer mucho mejor, ya sea la tribu de los yanomamos del Amazonas como la tribu urbana de Skin Heads de Vicálbaro o la tribu de los empleados públicos de la Administración General del Estado.

Giddens en su definición cita a la observación participante. Es esta una técnica de recolección de datos que se usa habitualmente en las ciencias sociales, especialmente, en la antropología social y cultural, que ha construido su identidad en su derredor. Su objetivo es familiarizarse estrechamente con un determinado grupo de individuos - como un grupo religioso, ocupacional, subcultural o una comunidad en particular - y sus prácticas, a través de una participación intensa con las personas en su entorno cultural, generalmente a lo largo de un periodo de tiempo extendido.

En mi caso, he estado “infiltrado” en el grupo que vamos a estudiar, los empleados públicos, desde hace treinta y cinco años, por mi condición de funcionario. Por lo tanto, no será por falta de experiencia si este pequeño estudio no llega a sus ambiciosas metas, sino, en todo caso, será por falta de talento del autor.

¿Cuál es el objetivo que persigo?

¿Y cuáles son esas ambiciosas metas que persigo? Pues, lo que intento definir, es el sistema ético-ideológico y la conducta intragrupal, que rige las relaciones personales e internas de las unidades administrativas; sobre todo, en las de tamaño pequeño y medio en las que dicha conducta está reforzada por una mayor vida en común de estas entrañables personas que somos los funcionarios.

Asimismo, fijaremos el foco en los empleados públicos de niveles administrativos medios y bajos, porque son los más numerosos y están más lejos de los comportamientos políticos que marcan otro tipo de conductas más cercanas al dirigente o al directivo.

¿Por qué me apoyo en la antropología y no en la ciencia de la administración?

Este sistema ideológico y ético que rige las conductas y las relaciones intragrupales tiene una importancia vital en el funcionamiento general de las administraciones. Sin embargo, no es objeto de estudio desde la ciencia de la administración, creo que hay al menos dos razones para que esto ocurra.

En primer lugar, porque es un mecanismo sutil que forma parte de la esencia de ser funcionario. Es algo natural en el paisaje, algo que siempre ha estado ahí formando parte del cuadro, por tanto, es muy difícil de detectar, definir y medir. Y no se me ocurre mejor forma de hacerlo que mediante la antropología, que está pensada precisamente para esto.

En segundo término, el objeto principal de la ciencia de la administración es la compleja y cambiante organización que constituye la Administración pública y los grupos humanos que la dominan. Está, por tanto, interesada en el estudio de una organización enorme, fragmentada en múltiples organismos dependientes más especializados, en su funcionamiento, en su normativa, en su conexión con la política y en las personas que la dirigen, no en los funcionarios de nivel medio y bajo y en su subcultura.

Comparación asombrosa

Bueno, querido lector, ha llegado el momento de lanzar mi bomba. Después de treinta y cinco años de observación participante, encuentro similitudes importantes entre la subcultura de los empleados públicos y la ideología (3) - entendida como conjunto de creencias compartidas socialmente acerca del mundo y no como pensamiento político – de los campesinos.

Esto es algo que no debería sorprender a mis lectores habituales, pues para mí, la ideología del campesino una de las de mayor influencia de la cultura española (ver Las tres ideologías básicas del Homo Hispanicus ).

Si uno mira una Unidad Administrativa de tamaño medio o pequeño, formada como mucho por unos sesenta funcionarios, estaremos observando un grupo social tremendamente parecido a una aldea campesina. No tienen nada aparentemente en común, pero comparten su esencia ética e ideológica. Es igual que esa Unidad esté localizada en el medio urbano o que su trabajo implique una alta cualificación técnica, ni que se usen procedimientos burocráticos, los funcionarios que la integran tienen una conducta muy parecida, en sus relaciones laborales, a la del campesino en sus relaciones sociales con sus paisanos.

Para ver que no estoy diciendo ninguna tontería, debemos fijarnos antes en qué consiste la subcultura campesina, y luego trazar las características que permitan encontrar los paralelismos con respecto a la conducta social de los empleados públicos.

La imagen del bien limitado de Foster

El antropólogo George Foster (4), descubrió que las economías campesinas “clásicas”, esto es, las comunidades agrícolas no industriales dentro de Naciones-Estado (en concreto estudió comunidades campesinas en el sur de Europa) se caracterizan por una determinada ideología o visión de mundo. Foster citó diversos casos etnográficos para ilustrar esta visión de mundo campesina, a la que denominó la imagen del bien limitado.

En esta ideología, todo se percibe como finito: tierra, riqueza, salud, amor, amistad, honor, respeto, status, poder, influencia, seguridad. Al ver todo como escaso, los campesinos creen existe una reserva común, un fondo imaginario de todo aquello que tiene valor en su comunidad. En este sistema de ideas, los individuos sólo pueden descollar en algo porque se apropian de una parte mayor de la que les correspondería en términos proporcionales de esa especie de reserva común, lo que implica privar a otros de lo que sería su parte.

Los campesinos aceptan la riqueza diferencial que procede de fuera de la comunidad (por ejemplo el trabajo asalariado realizado fuera de la localidad) ya que resulta evidente que no ha supuesto extraer nada de la reserva común finita de carácter local. Los beneficios pueden proceder también de la pura suerte (por ejemplo, la lotería). En todos estos casos la reserva de bienes de la comunidad permanece intacta.

En cualquier otro caso, las personas prósperas pueden verse forzadas a patrocinar ceremonias que reducen la riqueza diferencial. Los campesinos prósperos pueden convertirse en el blanco del chismorreo, la envidia, el ostracismo y la violencia física. Dadas tales respuestas, se intenta ocultar la buena fortuna: las ropas, casas y dieta, continúan como siempre.

Más aún, también se desconfía de las personas que han tenido mala suerte y se hunden por debajo de la norma comunitaria, porque se piensa que envidian a todos los demás.

Según Foster, la imagen del bien limitado se desarrolla cuando las sociedades campesinas enfatizan la organización en familias nucleares, pero no cuando son importantes los grupos de filiación corporativos.

También señaló que la imagen del bien limitado es una respuesta a la posición subordinada de los campesinos dentro de una sociedad más amplia. Cuando el acceso a la riqueza, al poder, y a la influencia es más abierto, la imagen del bien limitado decae.

Es significativo que Foster estudiara comunidades del sur de Europa. España ha sido un país mayoritariamente campesino hasta bien entrado el siglo XX, como se suele decir, “hasta hace tres días”. Si nos rascan un poco, debajo de una bonita capa de habitantes de un país desarrollado, aparecen “restos ideológicos” que se manifiestan en nuestro comportamiento, que son muy semejantes a los descritos por Foster.

Fundamentalmente estos restos de éticas anticuadas, que afloran a la superficie de vez en cuando, derivan de dos ideologías que fueron dominantes en la España moderna: la hidalga y la campesina. Pero no nos vamos a extender en esto, no forma parte del artículo, simplemente es el marco en el que está inscrito el colectivo que queremos estudiar. Sólo quiero destacar que al funcionario, como al registrador de la propiedad o al ingeniero de telecomunicaciones, si se le somete a determinadas condiciones laborales, echará mano a una ideología que tiene en su acervo cultural, mucho más próxima de lo que su aspecto y comportamiento exterior aparenta.

Características de la imagen del bien limitado en el funcionariado

En el análisis de Foster es muy importante el concepto de escasez. La razón de que la ideología campesina es como ha descrito es porque en el medio rural no había abundancia sino todo lo contrario, era una comunidad de subsistencia.

El empleado público, sobre todo de los niveles medios y bajos, también siente que su vida laboral está inmersa en un contexto en el que también prima la escasez. Los sueldos, los recursos, los medios técnicos son escasos, la movilidad del puesto de trabajo es casi inexistente, también son casi inexistentes los incentivos a la producción, los ascensos, las recompensas.

Años de tasas de reposición bajas han creado la sensación de que cada vez hay menos funcionarios y que éstos son más viejos. Los premios y honores siempre suelen recaer sobre los niveles altos, dejando sobre el resto la sensación de falta de incentivos, el sentimiento de que el día siguiente siempre va a ser igual al anterior. Un sentimiento muy parecido a la anomia que describiera Durkheim (5).

Por tanto, las condiciones de partida entre el mundo del campesino y el del funcionario son similares. Cierto es que entre el campo español anterior al período de desarrollo de la década de 1960 y el funcionariado actual de principios del siglo XXI existe una gran distancia, pero esta no es la comparación correcta.  Foster se refería a la diferencia entre el campo y la ciudad, lo que llevaba a la sociedad rural a sentirse subordinada con respecto a la sociedad más amplia. Si repasamos lo escrito en párrafos anteriores, existe una sensación de escasez y de falta de futuro en muchos sectores de la Administración que se manifiesta en un sentimiento de subordinación del empleado público respecto a la sociedad a la que sirve. Luego estamos ante el mismo tipo de sentimiento.

El hecho de que la movilidad entre puestos de trabajo sea escasa es otra característica muy importante para exponer nuestra tesis. Al hacerse los puestos permanentes, las relaciones humanas en los grupos se hacen permanentes también, se estancan en un determinado estadio que suele ser el de “llevarse mal”. Al cabo de los años, por muy buenas relaciones que se mantengan, no pueden evitarse los conflictos. Como éstos no pueden resolverse con el movimiento en el puesto de trabajo de alguno de los protagonistas, el conflicto muchas veces no se resuelve, con el tiempo pierde intensidad y queda en un segundo plano, con ganas de aflorar a la menor oportunidad. Los teóricos del conflicto además nos enseñan que es más fácil pasar de una situación de menor conflicto a otra de mayor conflicto que al contrario, con lo que al final, la resultante, es el conflicto latente permanente.  Es decir, una calma aparente y una convivencia normal, sobre un sustrato de conflicto que amenaza saltar en cualquier momento. Y que de hecho salta de vez en cuando.

En este sentido también existe una clara similitud con el campesino. A todos nos suenan las grandes querellas que solían estallar en los pueblos, en un sustrato en el que la permanencia de las personas y la quietud del sistema social era evidente, al menos, antes de que comenzara la emigración del campo a la ciudad.

El campesino, saluda a los mismos vecinos todos los días a las mismas horas, celebra los mismos ritos y da los mismos pasos para ir a su campo, realiza los mismos trabajos y se va a tomar el chato de vino al mismo bar con la misma gente. El funcionario saluda a los mismos compañeros todos los días a las mismas horas, celebra los mismos ritos y da los mismos pasos camino de la oficina, realiza los mismos trabajos y va a desayunar – todo un ceremonial por cierto – con la misma gente. Y esto día tras día y año tras año.

Foster también concedía importancia en su análisis a comunidades cuya estructuración familiar estaba constituida en base a la familia nuclear, es decir, la formada por los padres e hijos que no se han independizado. Pues bien, es otra similitud en ambos casos porque, independientemente de que hoy en día están surgiendo otros tipos de familia, la familia nuclear es el tipo más común en nuestra sociedad.

Ya tenemos todos los ingredientes que son comunes a ambos colectivos:

  • Situación de escasez de recursos
  • Un gran diferencial entre la sociedad en general y la comunidad a la que se pertenece que provoca una visión subordinada del mundo.
  • Una situación que se alarga en el tiempo hasta hacerse permanente.
  • La familia nuclear como sistema de organización familiar

De esta manera, igual que Foster explicó ciertos comportamientos en comunidades campesinas en base a la existencia de un fondo común imaginario, podemos observar en grupos relativamente pequeños de empleados públicos el mismo comportamiento.

Supongamos que un funcionario quiere descollar, el grupo intentará “disciplinarle” mediante presión. Primero desmoralizando y, si esto no es suficiente, criticando o atacando directamente. El funcionario ambicioso – en el buen sentido de la palabra – deberá disfrazar su ambición, disimular sus intenciones si es quiere llevar a buen puerto sus expectativas o, al menos, conseguirlas sin oposición.

Hagamos un sencillo experimento, despliegue usted, en caso de no tener trabajo en ese momento, un periódico sobre la mesa. No pasará nada especial. Despliegue sobre la mesa el temario de una oposición o un libro de texto, presenciará usted una reacción agresiva. Lo cierto es que ambas acciones están mal desde un punto de vista ético, pero sólo una de ellas tendrá una respuesta negativa. Ascienda usted un puesto sin cambiar de Unidad, será blanco del chismorreo, la envidia y el ostracismo en mayor o menor grado.

La diferencia con el análisis de Foster y, por tanto, la diferencia entre la aldea campesina y la aldea funcionarial es una cuestión de grado. En el ámbito administrativo no se llega a la violencia física y el conflicto suele ir por derroteros menos agresivos, probablemente porque se está más lejos del régimen económico de subsistencia.

Para terminar, hay que analizar otras variables independientes que influyen sobre el sistema ideológico que estamos tratando: el tamaño de las unidades administrativas y la categoría profesional de los funcionarios.

En cuanto al tamaño, para observar bien este fenómeno hay que fijar el ámbito de estudio en unidades o departamentos pequeños. En departamentos con un gran número de empleados se tiende a la despersonalización, a la falta de identificación con los compañeros y con la Unidad. Por tanto, a mayor tamaño menor implantación de la imagen del bien limitado.

Por otra parte, si tenemos en cuenta la categoría profesional, el fenómeno es tanto más patente cuanto menor sea el nivel medio de los funcionarios, no porque éstos sean más “malos”, sino porque en estos grupos las condiciones de partida descritas anteriormente están más presentes. Los altos funcionarios, que están muy organizados profesionalmente, con gran espíritu corporativo, que están mejor retribuidos y que tienen compensaciones de tipo psicológico, como el hecho de tomar decisiones de gran importancia socioeconómica, están más incentivados y tienen una percepción distinta del diferencial sociedad-funcionariado, y son menos proclives a tener los valores de la imagen del bien limitado.

Algún lector puede estar pensando que en la empresa privada es posible encontrar reacciones similares. Por supuesto, basta con que las condiciones de partida sean las mismas o parecidas. En nuestra cultura, nadie está inmune a este fenómeno.

Juan Carlos Barajas Martínez

Sociólogo y funcionario

 

Notas:

  1. Anthony Giddens (Londres, Inglaterra, 18 de enero de 1938) es un sociólogo inglés, reconocido por su teoría de la estructuración y su mirada holística de las sociedades modernas. También adquirió gran reconocimiento debido a su intento de renovación de la socialdemocracia a través de su teoría de la Tercera Vía. Es considerado como uno de los más prominentes contribuyentes modernos en el campo de la Sociología, es autor de al menos 34 libros publicados en no menos de 29 idiomas —publicando en promedio más de un libro por año—. También se lo ha descrito como el científico social inglés más conocido desde John Maynard Keynes
  2. Claude Lévi-Strauss (Bruselas, 28 de noviembre de 1908-París, 31 de octubre de 2009) fue un antropólogo y etnólogo francés, una de las grandes figuras de su disciplina en la segunda mitad del siglo XX. Introdujo el enfoque estructuralista en las ciencias sociales, fue de hecho el fundador de la antropología estructural, método basado en la lingüística homónima creada por Saussure y desarrollada por el formalismo ruso. Dado el peso de su obra, dentro y fuera de la antropología, fue uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX.
  3. La ideología para la sociología es el conjunto de creencias acerca del mundo que comparten ciertos grupos de personas. Son visiones cosmológicas – es decir visiones acerca de cómo se percibe el mundo - que se construyen socialmente. La ideología tiene que ver con la ética en el sentido de que la primera enmarca a la segunda. El sistema ético imperante en un grupo viene dibujado por la ideología dominante en dicho grupo.
  4. George M. Foster fue antropólogo en la Universidad de California, Berkeley, mejor conocido por sus contribuciones a las sociedades campesinas y como uno de los fundadores de la antropología médica.
  5. Émile Durkheim (Épinal, Francia, 15 de abril de 1858 – París, 15 de noviembre de 1917) fue un sociólogo francés. Estableció formalmente la disciplina académica y, junto con Karl Marx y Max Weber, es considerado uno de los padres fundadores de dicha ciencia. Ver “De cuando la sociología daba sus primeros pasos” en este mismo blog.


Bibliografía:


Antropología, una explicación de la diversidad humana,

Conrad Phillip Kottak,

McGraw-Hill,

Madrid 1999

 

Introducción a la Etnología

Jacques Lombard

Alianza Universidad

Madrid 1997

 

Conceptos fundamentales de Sociología

Roberto Garvía

Ciencias Sociales

Alianza Editorial, Madrid, 3ª edición 2003

 

La ideología funcionarial. La imagen del bien limitado

Juan Carlos Barajas

Artículos y estudios de sociología

http://www.carlosmanzano.net/articulos/

 

Las tres ideologías básicas del Homo Hispanicus

Juan Carlos Barajas

Sociología Divertida

https://sociologiadivertida.blogspot.com/2012/01/las-tres-ideologias-basicas-del-homo.html

 


Licencia de Creative Commons
Creado a partir de la obra en https://sociologiadivertida.blogspot.com/.

Función Pública Inclusiva

Juan Carlos Barajas Martínez

Instituto Complutense de Ciencia de la Administración

Resumen

Este artículo es una reflexión acerca de hasta qué punto la administración estatal es una buena muestra como representación de la sociedad española. Para ello se va a hacer una comparación entre ciertas características de la estructura social de España y cómo los sectores identificados están representados en la Administración Pública Estatal, sobre todo, en la Administración General del Estado. Ni por capacidad del autor ni por tamaño del texto se pueden abordar todas las características de nuestra sociedad, sería una labor ímproba, simplemente, se va a poner énfasis en variables que tienen una gran importancia social, como son la estratificación social, el género, la edad, la renta, la distribución territorial y la discapacidad.

Índice:

Estructura Social

¿Cómo podríamos definir el concepto de función pública inclusiva? Una buena contestación a esta pregunta sería que el conjunto de los funcionarios de una administración pública representase de forma fidedigna todos los sectores de la sociedad a la que sirven. Es de suponer que una administración de este tipo estaría mejor adaptada, respondería mejor a las necesidades y demandas de los ciudadanos, es de esperar que lo haría mejor que una élite ilustrada por muy bienintencionada que fuera.

Si lo que quiero es calibrar hasta qué punto la función pública es imagen de la sociedad a la que sirve, se me ocurre que lo que hay que hacer es fijarnos en las personas que constituyen tanto la administración como la sociedad, alejándonos de las actuaciones y las políticas públicas como objeto de estudio. En la medida en que consigamos hacer un retrato colectivo de las personas que constituyen la sociedad española, por una parte, y de los empleados públicos que constituyen su administración, por otra, seremos capaces de ver similitudes y diferencias y acercarnos a una respuesta.

El gran sociólogo funcionalista Talcott Parsons (1) definió a la sociedad como una comunidad relativamente autosuficiente cuyos miembros obtienen la satisfacción de sus necesidades individuales y colectivas y – esto es muy importante – vivir dentro de su marco.

En sociología se suele hablar de Estructura Social y de estructuras sociales, es muy confuso porque no son del todo conceptos sinónimos. La Estructura Social no es más que el conjunto de relaciones sociales que se forman entre los individuos de una sociedad. Debemos ver a la Estructura Social – quizás sería más apropiado hablar de infraestructura social pues se trata de un término genérico – como un entramado de estructuras sociales más particulares.

Así, estas múltiples estructuras sociales hacen referencia a, por ejemplo, la organización en clases u otras formas de estratificación social, o bien, a su composición en grupos y redes sociales, o a sus procesos o formas de interacción, o al estudio de los roles sociales, o bien, al análisis de las instituciones sociales.

Las administraciones públicas son instituciones sociales, forman parte de la estructura social, por tanto, es de esperar que de alguna forma repitan las características de la sociedad a la que pertenecen, nos proponemos ver en qué medida ocurre para el caso español.

Estructura de la Administración Pública en España

Para que los lectores latinoamericanos - que, gracias a Dios, tengo muchos – no se armen un lío, quizás deberíamos detenernos un momento y contar algunas cosas sobre España, más allá de los hechos conocidos de que contamos con buenas selecciones de fútbol y baloncesto y no tenemos un presidente sino un rey.

España es un estado descentralizado, no es una federación - aunque en algunos casos las regiones tienen competencias por encima de las de un estado federado estándar -, pero tampoco es un estado unitario jacobino como Francia. Para mí que somos una federación de facto, aunque no de iure. La distribución territorial española es muy difícil de entender para los extranjeros, si hemos de ser sinceros, tampoco los españoles la comprendemos muy bien.

En resumen, España se divide en diecisiete comunidades autónomas y dos ciudades autónomas, cada una de ellas con su gobierno propio, su parlamento, su tribunal superior que no supremo, su presupuesto y con algo muy parecido a una constitución denominado “estatuto de autonomía” que se llamaron así por no llamarlos “constitución” directamente. Cada una de ellas tiene asignada una serie de competencias políticas que son diferentes dependiendo de su estatuto y los acuerdos con el Gobierno de la nación. A esto se le ha llamado federalismo asimétrico, lo que tampoco ayuda mucho a la comprensión pues jurídicamente no es un federalismo, aunque sí que es muy asimétrico.

En cualquier caso, si las autonomías tienen competencias políticas tienen su propia administración pública como es natural. Por lo tanto, en España, las administraciones públicas tienen tres niveles de administración.

La Administración Pública Estatal da servicio a la sociedad española en su conjunto, es la que depende del Gobierno de la nación. Las administraciones autonómicas dan servicio a las sociedades regionales y dependen de los consejos de gobierno de cada autonomía como la Generalitat de Cataluña, el Gobierno vasco o la Xunta de Galicia. Por último, están las administraciones municipales – ayuntamientos, cabildos o concejos – que dan soporte a los ciudadanos en sus municipios.

Bien, ya vamos llegando, la Administración Pública Estatal está compuesta por la Administración General del Estado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas, la Administración de Justicia – que es independiente del Gobierno – y el Sector Público Empresarial. La Administración General del Estado está formada por los ministerios y sus organismos autónomos dependientes.

Pues, debido a mi experiencia personal, llevo casi treinta y cinco años trabajando para el Estado, la comparación la vamos a realizar entre la sociedad española y la Administración General del Estado. 

Estratificación Social en la Administración General del Estado

La estratificación social se define como una clasificación o jerarquización de los individuos según la categoría a la que pertenecen o se les asigna. En la historia ha habido múltiples formas de estratificación social pero las sociedades contemporáneas se organizan en clases sociales.

Así que España, un país moderno donde los haya, no puede ser menos y está estratificada en clases sociales, a las que se pertenece en función de la posición socioeconómica que se ocupa. Esta posición se puede calcular en función de diversas variables, hay estudios que usan múltiples variables – sé de algunas investigaciones que usan hasta dieciocho variables - pero vamos a simplificar, tomemos las tres variables que proponía el gran sociólogo alemán Max Weber (2): el estatus – o privilegios asociados a la posición social -, el poder – o como la posición social permite tomar decisiones que afectan a mayor o menor número de personas – y la clase – es decir, renta e ingresos, cuánto dinero se gana o se atesora -.

La pregunta entonces es, ¿existen clases sociales en la administración pública? Mi respuesta es un tanto ambigua: no, pero sí. No existen clases sociales como tales, pero si existe una estratificación social propia, derivada de los grupos en los que se ordenan por ley los empleados públicos.

Estos grupos se ordenan según la titulación académica que exige la normativa y la entrada en estos grupos depende de los resultados de una oposición. A mayor nivel educativo mayores responsabilidades, mayores atribuciones, mejor estatus y retribuciones mayores.


Grupos de funcionarios y laborales

En este sistema están presentes las tres variables de Weber, estatus, clase y poder. Si hacemos una equivalencia entre grupos y clases sociales no hay correspondencia uno a uno, pero básicamente se podría hacer corresponder los grupos con las clases medias (alta y baja) y la clase trabajadora. En el caso de los empleados públicos existe mayor diferencia en estatus y poder que en ingresos.

La Administración General del Estado y el género

Si comparamos los empleados de la Administración General del Estado con la población activa española vemos que existe más paridad entre hombres y mujeres en el sector público que en la sociedad en general.

Para empezar, según la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística, el 54,5% de los empleados son hombres y el 45,5% mujeres. En el caso de la Administración Pública los efectivos masculinos son el 48,33% mientras que las mujeres representan el 51,57%. Por lo que hay mayor igualdad en cuanto a número en la Administración General del Estado que en la sociedad española.

Distribución de mujeres y hombres en la AGE


En cuanto a la calidad de los puestos desempeñados por las mujeres, en la Administración General del Estado, en puestos directivos y predirectivos – grupo A1 - hay 51,05% de hombres y un 48,95% de mujeres. Cifras estas muy paritarias con respecto a la sociedad en general, además el dato varía con la edad, hay más mujeres que hombres en el grupo de edad de 30 y 40 años. De manera que cuanto más joven se es, hay más mujeres en los puestos de decisión.

En los mandos intermedios – grupo A2 – hay más mujeres que hombres. El 51,85% son mujeres y el 48,15% son hombres. En el grupo de los trabajadores cualificados – grupo C1 – hay más hombres que mujeres, un 44,11% por un 55,89%. Y por último, en el grupo de los trabajadores menos cualificados – grupo C2 – hay considerablemente más mujeres que hombres, un 67,68% y un 32,32 % respectivamente.

En el apartado de género, la administración parece más igualitaria que la sociedad española, no parece existir un “techo de cristal” o es menos evidente, las remuneraciones son las mismas para los mismos trabajos y es más fácil la conciliación familiar que en otros sectores, estas son entre otras – como la vocación de servicio a los demás – las razones por las que lo público es atractivo como salida profesional para las mujeres.

La Administración General del Estado y la edad

La edad es muy fácil de medir y puedo afirmar, si se comparan las estadísticas de la Administración General del Estado con la Encuesta de Población Activa del INE, que los trabajadores de la administración son 10 años más viejos que los de la sociedad en general.

El mayor grupo de edad en la administración es la generación que está entre los 50 y 59 años de edad y menos de treinta años sólo hay un 1,11%. En la sociedad en general, el grupo de edad más común entre los trabajadores es el de los 40 a los 49 años que suman un 30% del total, en mientras que, en cambio, los menores de 30 llegan al 14%.



A mí se me ocurren dos razones básicas para esto. En primer lugar, el funcionariado ha sufrido un envejecimiento acelerado desde la crisis de 2008, cuando los sucesivos gobiernos – intentando capear el temporal – no renovaron las plantillas, de manera que la gente se fue jubilando pero no entraban nuevos empleados públicos, lo que supuso en la práctica una reducción de efectivos y un aumento de la edad media.

La segunda razón tiene que ver más con las cohortes más jóvenes. En general, para los puestos de empleados públicos se requiere de una acreditación académica y esto hace que se tarde más en optar por entrar en la administración pública. Esto explica la gran diferencia de porcentaje en el rango de los menores de 30 años, entre la Administración General del Estado y la sociedad española.

La Administración General del Estado y la distribución territorial

Como hemos indicado párrafos más arriba, España es estado cuasifederal y su administración tiene tres niveles: el estatal, el autonómico y el municipal. Además, también hemos dicho que existe asimetría entre las competencias de unas autonomías y otras, esto hace que la administración central esté más presente en unas comunidades autónomas que en otras, aunque hay excepciones a esa regla general. Otro factor que interviene en la distribución de efectivos es la diferencia de población y tamaño entre las distintas comunidades.



La Comunidad Autónoma de Madrid, es con mucho, la comunidad con mayor número de empleados públicos de la administración estatal. Esto es el resultado lógico de la capitalidad de España, en Madrid tienen su sede el Gobierno, los ministerios y los órganos constitucionales.

Sorprende el caso de Andalucía en la que la Administración General del Estado está sobrerrepresentada aunque pertenece al grupo de Autonomías que disfruta de mayor nivel de autogobierno. La razón podría ser que es el territorio que está en segundo lugar en cuanto extensión y el primero en población. En Cataluña, otra de las comunidades con mayor nivel de autogobierno y población, el número de funcionarios estatales es mucho más discreto como se puede apreciar en los gráficos adjuntos.

Las remuneraciones en la sociedad española y en la Administración General del Estado

En general, después de todo lo que ha pasado desde la crisis económica de 2008 agravada en 2011, los datos nos dicen que existe una cierta mejora de las retribuciones de los niveles bajos de la administración estatal con respecto a la empresa privada, hay toda una controversia sobre hasta qué punto ocurre esto (3). Eso no quiere decir que los funcionarios ganen mucho, significa que han bajado los salarios y ha aumentado mucho la precariedad en el empleo en la sociedad española.

Sin embargo, conforme vamos subiendo en la escala jerárquica, el diferencial entre la empresa privada y la empresa pública se dispara a favor de los primeros. Lo que quiere decir que existe más igualdad económica dentro de la administración que fuera de ella, es decir, la diferencia entre el que más gana y el que menos gana es bastante mayor en la empresa privada.

Si comparamos lo que gana anualmente el director general de una empresa media española con lo que gana el presidente del Gobierno de la nación encontraremos una diferencia de 38.000 € anuales a favor del primero.

Y si nos fijamos en la desigualdad de ingresos máxima, es decir, la diferencia anual entre el que más gana y el que menos gana en una empresa media y la Administración General del Estado veremos que en el primer caso, la empresa media privada, la diferencia es de 106.465 €, mientras que en el sector público la diferencia es de 66.980 €. Lo que indica que la Administración General del Estado es más igualitaria económicamente que la sociedad en general. Los gráficos que se detallan a continuación proporcionan más datos al respecto.


La Administración General del Estado y la discapacidad

Si se habla de inclusividad no se puede dejar de lado el asunto de la incorporación de las personas discapacitadas en la administración pública. Según el Comité español de Representantes de Personas con Discapacidad, el sector de los discapacitados lo forma un 7,3% de la población, lo que en términos absolutos vienen a ser 3.380.000 personas.

La ley obliga a las administraciones públicas a introducir un 7% de puestos para discapacitados en los procesos selectivos de personal. Esta medida estará presente hasta que se llegue al 2% de los efectivos de cada administración pública (estatal, autonómica y municipal).

Ese 7% de las nuevas plazas de empleados públicos se debe distribuir de la siguiente manera: un 2% para las personas con discapacidad intelectual y un 5% para el resto de las discapacidades.

En general, el cumplimiento de esta medida está siendo complicado sobre todo en los municipios. No obstante, según datos del INE correspondientes al año 2014, el 23,2% de los discapacitados ocupados trabajan en el sector público.

Según el último informe “anual” de responsabilidad social de la Administración General del Estado correspondiente a 2016, el porcentaje total de personas con discapacidad, de todo tipo, en plantilla, es en torno al 1,36% acumulando ambos tipos de discapacidad. El peso de la discapacidad intelectual en este conjunto es muy minoritario y no llegaría al 0,05% de la plantilla. Vamos camino del 2% exigido en la legislación, pero nos falta un trecho para llegar.

Hasta qué punto influye la selección de personal

Desde el principio de este artículo hemos analizado diversas características sociales y hemos estudiado hasta qué punto están presentes en la sociedad española y en su Administración General del Estado. Falta analizar cómo influyen los procesos selectivos, es decir, la puerta de entrada en la administración, en el mantenimiento de una estructura social pareja entre la administración y la sociedad a la que sirve.

Lo primero que hay que señalar es que existe muy poca documentación al respecto. Lo más destacable es el trabajo de los profesores Ruano(4), Crespo (5) y Villar (6) de 2014, titulado: “Los funcionarios ante el espejo. Análisis del ciclo de selección de personal en la Administración General del Estado”.

El estudio es un análisis de los procesos de selección llevados a cabo por el Instituto Nacional de Administración Pública en el período 2007-2011 para seis cuerpos de funcionarios.

Como conclusiones generales, el estudio afirma, en primer lugar, que existe un sesgo importante en cuanto a la procedencia geográfica de los funcionarios. Los nuevos empleados públicos proceden principalmente de Madrid, a continuación, a mucha distancia, ingresan en la Administración General del Estado personas procedentes de Castilla y León, Galicia y Andalucía.

Sin entrar en las razones de este desequilibrio - pues nos daría para otro artículo -en este apartado la Administración General del Estado no refleja la distribución territorial de España, hay pocos catalanes y vascos proporcionalmente entre los empleados públicos. Es preocupante como indicio de una falta de cohesión territorial.

El perfil del funcionario español recién nombrado es una persona de 36 años, con experiencia laboral previa – excepto en el Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado que son titulados recientes -.

Existe sobretitulación, es muy común poseer una titulación por encima del nivel exigido.

Existe una tasa de reproducción social muy significativa. Un importante número de los funcionarios medios y superiores son hijos de padres funcionarios (sobre todo de los padres). El estudio nos indica que esto es especialmente común en los administradores civiles y, según mi experiencia, entre los diplomáticos.

Así que sí parece que las oposiciones actúan como un filtro que de alguna manera – está por ver si el filtrado es por el propio proceso selectivo o por condicionantes sociales previos – producen un sesgo en el origen de los nuevos funcionarios de la Administración General del Estado.

Cualquier reforma del sistema de selección de personal de la Administración General del Estado, que ya va haciendo falta, debería incidir en suavizar estas diferencias.

Conclusión

Las administraciones públicas emanan de la sociedad, por lo tanto, son una imagen más o menos desdibujada de la sociedad matriz. Uno reconoce cuando la observa que la Administración General del Estado es española, reconoce aspectos en su constitución y en su forma de proceder que son netamente ibéricos, sin embargo, cuando hemos mirado con detenimiento hemos visto diferencias sensibles.

Unas diferencias son positivas, la Administración General del Estado es más igualitaria en ingresos y género que la sociedad civil, otras no lo son tanto, como la procedencia geográfica de los funcionarios o la edad media o la tasa de reproducción social alta.

Cualquier reforma de la administración es una labor penosa y polémica por definición, exige una valentía de las autoridades políticas que no suele darse ni aquí ni en ningún país; no obstante, se deberían tomar medidas para suavizar las diferencias pues, es de esperar que cuanto mayor sea la similitud entre la sociedad y la administración, más democrática serán ambas. ¿Será más funcional también? o ¿una administración elitista “tiraría” con mayor fuerza de la sociedad hacia el progreso? Pienso que, si nos consideramos a nosotros mismos parte de una sociedad avanzada, la repuesta está clara.

Juan Carlos Barajas Martínez

Sociólogo y funcionario






Notas:

  1. Talcott Parsons (13 de diciembre de 1902 – 8 de mayo de 1979) fue un sociólogo estadounidense. Cursó estudios en el Amherst College, el London School of Economics y la Universidad de Heidelberg (Alemania). Dio clases de sociología en la Universidad Harvard de 1927 hasta 1974 como director del Departamento de Sociología de dicha universidad (1944). Más tarde fue nombrado presidente del nuevo Departamento de Relaciones Sociales 1946 y posteriormente presidente de la American Sociological Association en 1949. Es uno de los mayores exponentes del funcionalismo estructural en Sociología. Dicha teoría social sostiene que las sociedades tienden hacia la autorregulación, así como a la interconexión de sus diversos elementos (valores, metas, funciones, etc.). La autosuficiencia de una sociedad está determinada por necesidades básicas, entre las que se incluían la preservación del orden social, el abastecimiento de bienes y servicios, la educación como socialización y la protección de la infancia
  2. Maximilian Carl Emil Weber (Erfurt, 21 de abril de 1864-Múnich, 14 de junio de 1920) fue un filósofo, economista, jurista, historiador, politólogo y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública, con un marcado sentido antipositivista.
  3. Ha habido mucha controversia sobre hasta qué punto los funcionarios cobran de media más que el resto de los empleados del país. Según la encuesta anual de estructura salarial del INE más de 5.000 euros anuales de media. No niego que los funcionarios cobremos más, en realidad no lo sé a ciencia cierta, y me gustaría saberlo. La encuesta salarial del Insitituto Nacional de Estadística incluye a los empleados de las empresas públicas – que no son empleados públicos y que tienen remuneraciones medias mayores – y excluye a los funcionarios de carrera que cotizan a las mutualidades – es decir a la mayoría de los empleados públicos y que cobran sueldos más moderados. Esto ya de partida introduce un sesgo importante. Luego están los intereses de ciertos sectores , representados en medios de prensa, que con respecto a esta misma encuesta dicen que los funcionarios ganan un 37% o un 50% más; no sé realmente cómo hacen la regla de tres estos muchachos. No puedo resistir la tentación de poner aquí lo que dice el Profesor Marco Celentani: "aun cuando en las cifras que a veces se barajan, parezca que el sueldo medio del empleado público es superior al del sector privado, para hacer una comparación sensata hay que tener en cuenta las diferentes características de los individuos, entre ellas su formación. No tiene sentido comparar el sueldo de un neurólogo que trabaja en el sector público con el de un empleado del sector privado sin apenas estudios y que realiza un trabajo poco calificado. Pero tampoco hay que olvidar que los empleos públicos son distintos a los privados por una razón fundamental: son más estables y que generan unos ingresos menos variables". Celentani cita un estudio de la Universidad de Bristol del que resultaría que, tomando en cuenta las distintas variables y que el estudio se realiza sobre toda la vida laboral, las diferencias salariales entre el sector público y el sector privado en España son pequeñas o nulas
  4. José María Ruano de la Fuente es profesor Gobierno y Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
  5. Jorge Crespo González es Doctor en Ciencia Política, de la Administración y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, profesor entre otras asignaturas de Teoría de la Administración Pública, Ciencia de la Administración, Ciencia Política, Gobierno y Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.
  6. César Polo Villar, sociólogo, profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología.

 Bibliografía:


Los funcionarios ante el espejo. Análisis del ciclo de la selección de personal en la Administración General del Estado
Jose M. Ruano de la Fuente
Jorge Crespo González
César Polo Villar
Instituto Nacional de la Administración Pública
Madrid 2014

Juan Carlos Barajas Martínez
Sociología Divertida
Madrid 2012

Encuesta de Estructura Salarial
Instituto Nacional de Estadística
Madrid 2017

Boletín estadístico de personal al servicio de las AAPP 01/01/2019
Registro Central de Personal
Madrid 2019


Encuesta de Población Activa
Instituto Nacional de Estadística
Madrid 2019


Evolución Salarial 2007-2018
Escuela de negocios EADA Business School.
Consultora de Recursos humanos ICSA 2019

Libro banco empleo público para personas con discapacidad
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
Madrid 2015

Empleo público de personas con discapacidad en las administraciones públicas
CCOO
Madrid 2019

La responsabilidad social en la Administración General del Estado
Ministerio de Hacienda y Función Pública
Madrid 2016

Cuantías de los distintos artículos del Real Decreto-Ley 24/2018, de 21 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, una vez aplicado el incremento adicional del 0,25%, aprobado por el gobierno con fecha 21 de junio de 2019
Ministerio de Hacienda
Madrid 2019
 


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El Funcionario que Surgió del Frío


Sobre la función pública en los países nórdicos

Instituto Complutense de Ciencia de la Administración

René Magritte, The Happy Donor 1966


Índice:
Introducción
Folkhemmet
Número de funcionarios y salarios
Acceso y cese de los funcionarios
Evaluación del personal
Valores de la función pública
Transparencia y lucha contra la corrupción



Introducción

El pasado mes de noviembre asistí al segundo congreso del Instituto Complutense de Ciencia de la Administración. Esta vez, por motivos de trabajo, no pude asistir a todas las jornadas así que me concentré en la mesa 4 - “Gobernanza y Función Pública” –  que coordinaban mi buen amigo el profesor Jorge Crespo (1), de la Universidad Complutense de Madrid, y el profesor brasileño Fernando Filgueiras, de la Escola Nacional de Administraçao Pública de Brasil.

Todas las ponencias que se presentaron en esta mesa fueron muy interesantes, pero hubo una que me llamó especialmente la atención, pues trataba un asunto – relacionado con la función pública – del que no sabía absolutamente nada. El título de la ponencia era “Los valores de la Función Pública en los Países Nórdicos”, y la ponente que la expuso fue la doctora María José Vicente (2).

Dicho de otra manera, la ponencia trataba sobre la vida y el pensamiento laboral de los funcionarios, así como, en sus relaciones con la sociedad en los estados de bienestar que se presentan como modelos al mundo, es decir, de los países escandinavos con especial énfasis en Suecia.

Folkhemmet

Según la doctora Vicente no se puede entender el funcionamiento de la administración pública nórdica sin entender el concepto de “folkhemmet”, literalmente en español, casa u hogar del pueblo.
Folkhemmet es un concepto político que jugó un papel importante en la historia del Partido Socialdemócrata y el Estado de bienestar sueco. Y como idea política, tiene diferentes usos y acepciones que no se niegan entre sí.

En primer lugar, es un término, no exento de un cierto sentido poético, que describe el estado de bienestar sueco. La base de este enfoque es que toda la sociedad debe ser como una pequeña familia, donde todos contribuyen, pero también donde todos se cuidan entre sí. El éxito de los socialdemócratas suecos en la posguerra se explica a menudo por el hecho de que el partido logró motivar reformas sociales importantes con la idea del folkhemmet y el esfuerzo conjunto de la familia nacional.

En segundo lugar, se usa para referirse al largo período entre 1932 y 1976 en el que los socialdemócratas ocuparon el gobierno y el concepto se puso en práctica.

También ha sido visto como el camino intermedio entre el capitalismo y el socialismo que representa la vía socialdemócrata de libre mercado con intervención estatal.

Por tanto, para el ciudadano sueco, la administración no es algo extraño a él que le coarta y le pone límites, sino su propia casa a la que hay que cuidar y contribuir. Esta idea lleva aparejada toda una serie de valores, que veremos más adelante, que no son principios abstractos como los consideramos más al sur, sino reglas cotidianas de funcionamiento.

Tenemos que entender este concepto si queremos comprender todo lo que viene a continuación.

Número de funcionarios y salarios
Fuente: la doctora María José Vicente
Como se puede apreciar en el gráfico, los países escandinavos tienen un porcentaje de funcionarios sobre el total de la población activa muy superior al de la OCDE. Y España, al contrario de lo que muchos afirman y a pesar de los chistes que circulan sobre la materia en guasap, está bastante por debajo de la media de la OCDE
.
María José Vicente señaló como dato significativo que, si se analiza el gasto en nóminas con respecto a lo que se recauda en impuestos reales en un año, España tiene un gasto superior a Suecia, a pesar de contar proporcionalmente con un 13% más de empleados públicos.

No está reglamentado el trabajo de funcionario, no hay un estatuto del empleado público como en España. Se trabaja sobre la base de un acuerdo de servicio establecido anualmente por el gobierno, en el que define el mandato de las administraciones y la financiación asignada a las actividades para cada período.

Respecto al salario, poniendo el foco en Suecia, para fijar las retribuciones del funcionario se valora el salario medio del país y los resultados obtenidos por su trabajo, por lo que es necesario evaluarlo individualmente. Suele haber cuatro factores generales que afectan a los niveles salariales:  El nivel de dificultad y responsabilidad del puesto, el nivel de habilidad del individuo, el impacto del individuo en el resultado operativo y la sensibilidad del mercado.

El número de días de vacaciones está relacionado con la edad del funcionario, en España esto ocurre en parte, los días de vacaciones y asuntos propios están relacionados con la antigüedad, claro que, indirectamente, la antigüedad tiene que ver con la edad. Para gestionar las vacaciones tienen que negociar con los gerentes.

Acceso a la función pública y ceses

 Como ya he señalado en otros artículos de este blog, me considero un damnificado del sistema de oposiciones – la segunda bárbara fiesta nacional como fue calificada en una encuesta radiofónica en los años ’50 (3)–, por lo tanto, un país que carece de este tipo de selección de personal llama inmediatamente mi atención.

En Dinamarca y Suecia, la regulación laboral es la misma tanto para empleados públicos como para los trabajadores del sector privado. No sólo sus condiciones están igualadas a las del sector privado, sino que se comparten los métodos de gestión, lo que incluye la contratación del personal.

Eso sí, María José Vicente, recalcó que se trata de un sistema despolitizado, los políticos no intervienen en la designación ni en el cese del personal directivo.

Parece también que el despido como tal no existe, pero, por un lado, el empleado puede renunciar a su puesto, o bien, existe la posibilidad de que en el centro de trabajo el empleo desempeñado deje de interesar o, simplemente, que no haya financiación.

Si la renuncia es voluntaria, el gerente toma la decisión final sobre el último día de empleo.  Si el funcionario ha estado empleado durante un año o menos, tiene un período de preaviso de un mes, si ha estado empleado durante más de un año, debe avisar con dos meses de antelación.

En caso de desaparición del puesto, existe un programa de movilidad geográfica y reasignación, que tiene como objetivo el garantizar un empleo análogo en otros organismos.  En otros casos, el empleado no termina del todo su relación con el organismo empleador sino que puede ayudar con apoyo y asesoramiento. Incluso, se pueden recibir compensaciones financieras en ciertas ocasiones, si has trabajado un mínimo de tres años como empleado público.

El cese en las funciones implica la obligación de devolver al organismo  empleador cualquier equipo de trabajo u otro material al que haya tenido acceso el empleado durante el tiempo que se ha ejercido sus funciones.

Evaluación del personal

Para evaluar al personal se utiliza un método que se denomina “tasaciones del personal”. Se trata de una conversación entre el gerente y el empleado, bajo el principio del desarrollo de la organización en general y del propio empleado en particular.

No sólo se trata de evaluar el rendimiento del funcionario o de rendir cuentas al jefe, al asumir la responsabilidad compartida de la evaluación del personal, el empleado se convierte en un participante en la planificación de la organización.

Y por supuesto, no sólo se revisan los objetivos de la organización, sino que también se examinan los del empleado, así como sus condiciones de trabajo, la satisfacción laboral del empleado, los objetivos personales y las relaciones laborales en general.

Hay obligación de evaluar una vez al año. El gerente es responsable de garantizar que la evaluación se lleva a cabo y el empleado, es el responsable de prepararla, debe hacer un seguimiento de la evaluación del año anterior y pasar por los objetivos y los planes de desarrollo profesional establecidos en esa ocasión. El resultado final de la tasación es un plan de acción individual para el empleado.

Nótese la diferencia con España.  La evaluación del desempeño, que está recogida en el Estatuto Básico del Empleado Público (4), ni está ni se le espera. De hecho, a estas alturas del siglo XXI, quedan por establecer asuntos tan trascendentales como cuál serían los órganos evaluadores (nuevo cuerpo funcionarial, unidades de recursos humanos de cada organismo público, empresas privadas de consultoría o superiores jerárquicos), la frecuencia de las evaluaciones (trimestrales, anuales, bianuales), los mecanismos de garantía para la obtención de una evaluación objetiva y los procedimientos específicos en caso de impugnación por el interesado de la evaluación obtenida.
Del lado del empleado público, tampoco hay una idea clara, sobre la forma detallada en que los resultados obtenidos por cada funcionario en la evaluación del desempeño afectarían a su carrera profesional horizontal (progresión de grado, categoría, escalón u otros conceptos análogos, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo), formación, retribuciones complementarias entre otras características.

Valores de la función pública

Los valores fundamentales comunes para los empleados del sector público, según nos dijo la doctora Vicente, se basan en seis principios: democracia, legalidad, objetividad e igualdad, libertad de opinión, eficiencia y servicio.

Vamos a explicar, aunque sea de manera telegráfica pues son bien conocidos, qué significa cada uno de los valores. La democracia entendida como que todo el poder público procede de la gente. La legalidad es no olvidar que el poder público se ejerce bajo la ley. Imparcialidad, objetividad e igualdad es tener bien presente que todos somos iguales ante la ley sin pensar en que se trata de un derecho formal sino una realidad, las autoridades públicas y los tribunales deben tratar a todos por igual. Libertad de opinión, no sólo del ciudadano en su relación con la administración sino también del funcionario mientras ejerce sus funciones. El respeto es tener claro que el poder público debe ejercerse respetando a las personas, el buen trato al ciudadano es esencial. Y, por último, la eficiencia y la vocación de servicio, las actuaciones se realizarán de la manera más económica posible con la mayor calidad posible con los recursos disponibles
.
Todo este sistema de valores, muy influenciado por la idea del folkhemmet, está reforzado por planes de formación específicos en los valores públicos, por la protección de que disfrutan los funcionarios ante las presiones de los políticos y, también cómo no, por la vigilancia que ejerce la propia sociedad sueca sobre las actuaciones de los empleados públicos.

Transparencia y lucha contra la corrupción

La doctora Vicente definió la corrupción como un proceso gradual que se detiene mucho antes Suecia que en España: “Está todo muy vigilado, porque la corrupción es todo un proceso gradual: primero comienzas comprándote un boli con la tarjeta de crédito del Gobierno, luego un menú de 30 euros en lugar de uno de 10 euros y luego un safari, y acabas con un Jaguar en el garaje. Si te frenan antes, como ocurre en Suecia, a lo mejor sólo te compras el boli”.

Aparte de todo el entramado de valores que hemos visto en el apartado anterior y que constituye una cultura ética, que forma parte a su vez de la cultura de las organizaciones y de las conciencias individuales, y que puede ser considerada como una forma de prevención de la corrupción, hay medidas concretas que favorecen la lucha contra la misma.

En primer lugar, hay medidas que refuerzan la transparencia de las actuaciones. Hay una ley de acceso libre a la información. El empleado público tiene libertad de opinión y comunicación. Su libertad de expresión significa que tiene derecho a informar sobre cualquier actividad, siempre que no se trate de información clasificada. La libertad de comunicación significa que la autoridad no puede investigar quién ha proporcionado información a los medios.

María José Vicente expuso el caso de Ana Garrido, una auténtica heroína, la mujer que destapó la Gürtel. Es una persona que puso en riesgo su vida por denunciar la corrupción. Y un sistema, para combatir la corrupción, no puede confiar en héroes, sino en ciudadanos normales. ¡En Suecia eso es delito!.

En segundo término, hay medidas de carácter personal que ayudan a prevenir la corrupción, María José Vicente citó: vida púbica intachable, reglas sobre posibles conflictos de intereses y código de obsequios.

El empleado público debe tener una vida personal intachable, lo que supone no tener antecedentes de malos tratos, prostitución, robo o fraude a Hacienda, recuérdese para esto último que son países en los que las listas sobre lo que gana cada uno son públicas.

Las reglas sobre conflicto de intereses garantizan que la gestión de las autoridades públicas se caracteriza por la imparcialidad y la objetividad. A la hora de tramitar un asunto, se consideran entre otros aspectos, si le concierne personalmente al funcionario o a una persona cercana, o bien, si se puede esperar del resultado de un asunto que traiga una ventaja o un prejuicio significativo para el empleado o para alguien cercano.

Y, en tercer y último lugar, hay medidas institucionales que previenen la corrupción. Según María José Vicente: la acción del Instituto Sueco Anticorrupción y la nula relación entre políticos y funcionarios.

El Instituto Sueco Anticorrupción (5) (IMM-Institutet Mot Mutor, literalmente instituto contra el soborno) fue creado en época tan temprana como 1923. Es una organización sin fines de lucro que funciona como una autoridad independiente que promueve procesos de decisión éticos en empresas públicas y privadas, previene el uso de sobornos y otros tipos de corrupción como modo de contaminación de los procesos de decisión, trabaja en la autorregulación como un medio para combatir la corrupción en la sociedad.

Tiene un Comité de Ética que actúa como un tribunal que emite disposiciones sobre casos concretos denunciados por los propios interesados, tanto de la parte del cliente o ciudadano como del empleado o del empleador. Este sistema permite evitar la figura del corruptor y la del corrupto, poniéndose del lado de la víctima, independientemente del lado del mostrador en el que esté la víctima.

Existe una nula relación entre políticos y funcionariado. Si cambia el gobierno, el partido que se prepara para gobernar no sustituye a los altos cargos anteriores. Cambian los políticos, pero no los mecanismos de reclutamiento de las administraciones y no se hacen nuevos nombramientos salvo el de la composición del gobierno y de sus asesores más cercanos.

En España, con cada Gobierno, hay una sucesión de nombramientos en los segundos escalones de la Administración. Las semanas posteriores a la toma de posesión de los nuevos ministros, el Boletín Oficial del Estado, hierve con nuevos nombramientos de secretarios de Estado, secretarios generales y directores generales que, deben ser funcionarios de carrera, pero que deben su puesto a los políticos que les han designado, lo que les hace estar menos protegidos ante posibles presiones políticas.

Conclusión

No sé si a la doctora Vicente le quedaron cosas en el tintero, para mí, como primera aproximación a la vía escandinava de la función pública, me pareció más que suficiente. Según me dijo había tenido poco tiempo para preparar la ponencia, sin embargo, a mí me pareció bastante completa. Quede aquí constancia de mi felicitación por su trabajo y espero que publique pronto algo al respecto.

No voy a ser yo el que diga que la forma sueca de hacer las cosas en la Administración sea superior en todo a la vía española, pero hay aspectos de la función pública sueca que me parece que sería muy interesante su implantación en España. Si bien es cierto que no creo que se pueda realizar una trasposición directa, existen particularidades culturales que lo ponen difícil.

En la legislación española hay mecanismos garantistas dentro de la ejecución de los procedimientos administrativos, pero no han funcionado del todo bien si echamos un vistazo a la hemeroteca. Sobre todo, pero no de manera única, en el ámbito municipal, dónde la presión política es mucho más fuerte. Estos mecanismos están basados en ampliar los controles sobre los actos administrativos, hay cierta obsesión por el control. Esto, desde luego, alarga los procedimientos pero, según expuso la doctora Vicente, habría también que plantearse si no difuminan también la responsabilidad de los actos. En cualquier caso, quizás ha llegado la hora de avanzar también por otros caminos, el territorio de la concienciación, de la creación de una cultura ética, es un camino poco transitado y, a lo mejor nos llevamos a medio plazo la sorpresa de que funciona.

Pienso, por ejemplo, que se puede importar el espíritu del folkhemmet del que en este país se está muy necesitado, que se pueden difundir mejor los valores de la administración pública porque son universales y necesarios, creo que se puede mejorar la independencia de la función pública respecto de la política, crear mecanismos de protección al funcionariado en el ejercicio de sus funciones y, al mismo tiempo, mecanismos de rendición de cuentas de los empleados con garantías jurídicas suficientes, para lo que primero, habría que proponerles metas a cumplir. En fin, creo que lo nuestro se puede mejorar, y el sueco no parece mal modelo para copiar según qué cosa.

Sociólogo



Notas:
  1. Jorge Crespo es Doctor en Ciencia Política, de la Administración y Relaciones Internacionales y Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. CEP por el Institut d" Etudes Politiques de Grenoble (Francia) y Master en gestión de servicios de la salud y empresas sanitarias. Es profesor de Teoría de la Administración en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Sé que con Jorge no soy neutral, es amigo mío, pero en el artículo de este mismo blog describo su magnífico trabajo: “Un profesor en búsqueda de la mejor manera de enseñar
  2. María José Vicente (Hellín, 1982) es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, en Derecho, diplomada en Marketing y Publicidad, con estudios de Sociología por la Universidad de Estocolmo y Doctora Cum Laude por la Universidad Complutense de Madrid, con la supervisión y dirección de José Félix Tezanos en una tesis doctoral sobre Sociedad de la Información y/o del Conocimiento. Es, además, miembro de Economistas frente a la Crisis.
  3. Ver el artículo en este mismo blog: “Oposición rima en consonante con inquisición I
  4. El Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público establece los principios generales aplicables al conjunto de las relaciones de empleo público, empezando por el de servicio a los ciudadanos y al interés general, ya que la finalidad primordial de la Administración es proveer de servicios de calidad al conjunto de los ciudadanos. Contiene aquello que es común al conjunto de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas, más las normas legales específicas aplicables al personal laboral a su servicio. En ese sentido, el Estatuto sintetiza aquello que diferencia a quienes trabajan en el sector público administrativo, sea cual sea su relación contractual, de quienes lo hacen en el sector privado.
  5. El portal web del Instituto Sueco Anticorrupción es: https://www.institutetmotmutor.se/english/



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