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| Cartel en una manifestación con el lema "No nos representan" |
Resumen
Este artículo analiza el concepto de representación
política, sus disfunciones y la desafección que estas generan entre los
ciudadanos, así como las consecuencias de este descontento: la abstención, el
voto en blanco y el voto de castigo, que puede canalizarse hacia opciones
políticas de carácter cada vez más autoritario. Asimismo, se examinan las
consecuencias negativas de estas opciones.
Abstract
This
article examines the concept of political representation, its dysfunctions, and
the political disengagement they generate among citizens, as well as the
consequences of this discontent: abstention, blank voting, and protest voting,
which may channel support towards increasingly authoritarian political options.
It also examines the negative consequences of these options.
Índice
- Introducción
- La idea de representación política
- De la representación emana el poder
- La abstención no es neutral: sus efectos electorales
- El voto en blanco
- El voto de protesta
- Conclusión
- Notas
- Bibliografía
Introducción
Hay una frase —«¡No nos representan!»— que, convertida en
grito, ha sido la más repetida durante las manifestaciones y asambleas
populares, que ha dado nombre a innumerables artículos periodísticos e,
incluso, que yo sepa, a algún libro. Esto ha ocurrido sobre todo en épocas de
especial crisis, como durante el 15M, del que ya han pasado 15 años (¡Dios mío
cómo pasa el tiempo!). Pero el lema no se ha ido nunca del todo. Este grito se
ha identificado con un sentimiento de desapego, de desafección de una buena
parte de los ciudadanos que se sienten fuera del sistema democrático.
La corrupción evidente de parte de la clase política; el
comportamiento de los partidos tradicionales; el de los partidos nuevos que
surgieron como alternativa por su mal funcionamiento; la visión de que el
parlamento y las demás instituciones representativas van a su aire, alejados de
los problemas reales de la gente (lo que provoca la sensación de que solo
quieren de ti el voto cada cuatro años); el difícil acceso a la vivienda; las
dificultades de los jóvenes para labrarse una vida digna y tranquila... y otras
causas que me dejo porque mi memoria no es la que era. Todo ello hace crecer en
gran parte de la población el sentimiento de que no están invitados a la
fiesta.
Ante tal dejación en la representatividad de los
representantes de la nación, ¿quién puede extrañarse de que un grupo importante
de la población sienta que no se les representa desde las Cortes, desde los
parlamentos autonómicos y desde los ayuntamientos? Y esa falta de fe en las
instituciones se refleja en una tendencia clara a la abstención y, últimamente,
en un trasvase del voto hacia partidos de corte autoritario.
La idea de representación
La idea de representación trae consigo la idea de una
persona o grupo de personas que actúan en nombre de otras, para lo cual existe
algún tipo de acuerdo entre ellos. Y la existencia de esta figura de la
representación es tributaria de algún tipo de necesidad o de utilidad; en el
caso de la política, porque —dado el gran número de personas a representar, ya
que no vivimos en las antiguas polis griegas en las que funcionaban
relativamente bien las fórmulas de democracia directa1— es muy
complicado resolver los problemas del día a día mediante asambleas.
En las democracias, es tu voto el que marca ese nexo entre
representante y representado, que debería tomar forma con el programa electoral
—que para algunos teóricos es como un contrato de representación— y que toma
cuerpo cuando se proclama al candidato y este se convierte en representante.
Este nexo que une al representante y los representados no solo liga a los
primeros con los que les han votado, sino con todos los votantes de una
circunscripción territorial, les hayan votado o no. Y esto debería tenerlo en
cuenta el cargo electo: no hasta el punto de traicionar su programa electoral,
pero sí para que cada vez que tome una decisión lo haga pensando en todos. Yo,
personalmente, tengo la sospecha de que esto ocurre en pocas ocasiones y que,
muy a menudo, se oye a los representantes hablar solo para sus votantes cuando
no ofenden directamente a los colectivos que no les votaron. Como reciprocidad,
los no votantes no suelen sentirse representados por ellos.
Pero sigamos. Hagamos un poco de historia, tan solo unos
párrafos. Hay que situar el origen de la representación en las asambleas
estamentales medievales que asistían y aconsejaban al monarca. Los
representantes lo eran de los distintos estamentos sociales en salvaguarda de
sus respectivos intereses y privilegios, y había una vinculación inequívoca: la
relación entre representante y representado era un mandato imperativo.
En la era moderna, los monarcas absolutos redujeron las
antiguas asambleas a su mínima expresión —a excepción, quizás, de Inglaterra—
y, con ellas, se perdió el sentido de la representación.
Los regímenes liberales que fueron surgiendo a partir de
finales del siglo XVIII trajeron la idea de la soberanía nacional y, a partir
de ella, se configuraron nuevos parlamentos en los que sus miembros, los
representantes de la nación, eran los que ejercían la voluntad nacional. Es
curioso que estos señores ejercieran la voluntad nacional siendo elegidos por
sufragio censitario2, es decir, por unos pocos privilegiados. De
todas formas, se había dado un paso adelante, pues la soberanía ya no residía
en un único señor, el soberano.
En el régimen liberal, la representación era libre —también
llamada mandato representativo—, lo que excluía la posibilidad de mandato
imperativo; es decir, no estaba lastrada por compromisos ni limitaciones de los
representados. Aunque el hecho de que hubiera una relación tan cercana entre
representante y representados —al fin y al cabo, un pequeño grupo de
influyentes ciudadanos— implicaba que el cargo electo tampoco podía hacer lo
que le diera la gana, sino que estaba mediatizado por los intereses de los que
le habían mandado hasta allí.
El advenimiento de los regímenes democráticos que
extendieron —a caballo entre los siglos XIX y XX— el sufragio del censitario al
universal3 provocó que la representación viniera a cargarse de un
sentido más participativo y pluralista. Pero eso fue en la teoría. Con el paso
del tiempo, la irrupción de los partidos políticos en la vida pública —hasta el
punto de controlar en la práctica los procesos de producción de la
representación— hizo que el representante llegara a serlo por el apoyo de la
maquinaria del partido, lo que trajo consigo el dilema de a quién hacer caso:
si al partido, al que le debía disciplina, o al ciudadano, al que le debía la
representación.
Dilema que, en estos convulsos tiempos, todos sabemos cómo
se ha resuelto. Todos hemos visto cómo los jefes de los grupos parlamentarios
utilizan signos para indicar en qué sentido hay que votar, y hemos asistido a
situaciones en las que, cuando el asunto ha afectado a la conciencia de algún
diputado o senador que la tiene, ha tenido que pagar alguna multa por romper la
disciplina de voto.
De la representación emana el poder
Y ese representante, atado a la disciplina del partido,
forma parte de un engranaje que produce mucho poder. Esta representación de
tipo jurídico-política genera una autoridad real. En rigor, la soberanía
nacional reside en el pueblo, y el parlamento la ejerce por representación;
pero a efectos prácticos, todo el entramado institucional pasa por él.
Nuestros representantes eligen al presidente del Gobierno, y
este elige a los ministros. Y el Gobierno acumula una capacidad de decisión
enorme: gobierna, recauda, distribuye dinero y recursos, dirige la
administración, a las fuerzas armadas y a las fuerzas de seguridad, tiene la
iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria4. Nuestros
representantes eligen, en su totalidad o en parte, a los órganos de dirección
de los Órganos Constitucionales que dirigen todos los demás aspectos de la vida
pública, desde el Tribunal Constitucional5, al Consejo General del
Poder Judicial6 ; aprueban las leyes por las que nos regimos,
aprueban los presupuestos del Estado —que pueden beneficiar a determinados
sectores, habitualmente los mejor situados, en detrimento de otros— y
establecen impuestos y tasas que pueden ser redistributivos o abusivos. En
definitiva, todo pasa por las manos de esos representantes que, según muchos
perciben, no nos representan. Y esto, en el ámbito nacional; el mismo esquema
se repite en el autonómico, el municipal y el europeo.
Y cuando todo pasa por sus manos, abstenerse no es una
opción neutral: es dejar que otros decidan por ti.
La abstención no es neutral: sus efectos electorales
Quedarse en casa el día de las elecciones puede hacerte
sentir como alguien que da un portazo a la clase política y al sistema. Otros
piensan —y en cierto modo no les falta razón— que cuanta menos participación,
menos legitimidad tiene el sistema, y sueñan con que esa falta de legitimación
lleve al colapso. Está por ver que el colapso sea una buena idea: cuando cae un
sistema, pagan justos por pecadores, y la historia enseña que más de una vez la
situación se estabiliza en un nuevo sistema que no es mejor que el anterior.
Los sistemas políticos, además, tienen bien desarrollado el instinto de
conservación: son a prueba de bombas y tardan mucho en colapsar. Y otros, en
fin, opinan que todos los partidos son iguales y que qué más da a quién votar.
Todo esto lo entiendo. Pero cuando, como hemos visto, se
acumula tanto poder, ¿es racional no dar nuestra opinión? ¿Tiene sentido
otorgar la razón mediante el silencio? ¿No se estará frotando las manos más de
uno pensando en los porcentajes de abstención?
Y es que la abstención no sirve como protesta: no indica
nada, no tiene dueño. Por eso hay tantos que intentan apropiársela. Es muy
fácil: si no se ha votado a nadie, puedo reclamar ese voto como mío. Ya he
visto muchas veces ese tipo de reivindicaciones —desde el anarquismo hasta la
extrema derecha— que no llevan a ninguna parte; desde luego, a la Carrera de
San Jerónimo7 , no.
Porque lo cierto es que el resultado de las elecciones no se
vería afectado, aunque tan solo votara el 10% del electorado: el sistema
seguiría produciendo un resultado, el que saliera de aplicar la fórmula
electoral8 a los votos válidos. Es más, por milagros de esa fórmula,
la abstención tiende a favorecer a los partidos mayoritarios.
En mi artículo «El discreto encanto de la abstención…», hice
un pequeño experimento que cualquiera puede realizar. Me armé de una hoja de
cálculo Excel y de un simulador de la Ley D'Hondt9 y me puse a
estudiar cómo influiría en unos resultados electorales una disminución de la
abstención. Basándome en las elecciones autonómicas de la Comunidad de Madrid
de 2011, aumenté los porcentajes de participación manteniendo los de los
partidos mayoritarios y distribuyendo ese voto añadido entre los demás
partidos. El resultado fue una disminución significativa de los escaños
asignados a los dos grandes partidos. (Conviene advertir que se trata de una
simulación: si el voto añadido se repartiera de otra manera, el resultado
podría variar.)
El voto en blanco
El voto en blanco, por supuesto, es una opción legítima del
elector. El voto en blanco es otra forma de expresar a la clase política la
desafección hacia una forma de hacer política. Aceptas el sistema democrático y
te molestas en ir al colegio electoral, pero tu voto es igualmente inútil. Es
más, en cierto sentido es más perjudicial que la abstención.
El voto en blanco cuenta a la hora de establecer la
participación, pero también a la hora de calcular la barrera electoral10.
El número mínimo de votos para entrar en el reparto de escaños se obtiene
calculando el 3% del total de votos válidos de la circunscripción; y ahí los
votos en blanco elevan ese umbral. Por otra parte, el voto en blanco no se
cuenta a la hora de repartir los escaños: no hay escaños en blanco, se ocupan
todos. Al elevar el número mínimo de votos para entrar en el parlamento,
perjudicas a los partidos pequeños y beneficias a los grandes, que tienen menos
competencia para repartirse los escaños.
En el fondo, el voto en blanco y la abstención comparten una
misma ilusión: creer que no votar —o votar en blanco— envía un mensaje que el
sistema no puede ignorar, cuando de hecho tiene mucho margen para permitirse el
lujo de ignorarlo.
El voto de protesta
Hablaba hace poco con un joven abogado que, con una mezcla de desencanto y de rotundidad, me espetó: «La democracia está sobrevalorada». No creo que estos jóvenes tengan la democracia sobrevalorada; más bien al contrario, la tienen idealizada. La conciben como un sistema perfecto que, al no serlo, les parece que no funciona y se puede prescindir de ella, como si la democracia pudiera ser perfecta, como si cualquier creación humana fuera perfecta. Y es cierto que la democracia tiene fallos: la disciplina de partido que hemos visto, la distancia entre representantes y representados, la lentitud de los procedimientos, la influencia de intereses que no aparecen en ningún programa electoral. Pero confundir la imperfección con la inutilidad es un error que se paga en los resultados de las urnas.
El problema es que esa premisa es falsa. La abstención no
resta: multiplica el peso del voto de los demás. Y entre esos «demás»
están los votantes más movilizados, que no siempre son los más moderados. A
veces son votantes de partidos con vocación autoritaria. Conviene, por tanto,
precisar qué entendemos por «autoritario», para no convertir el análisis en un
intercambio de etiquetas.
La literatura sobre el tema —Levitsky11 y Ziblatt12, entre otros— señala cuatro señales que permiten identificar a un actor político con vocación autoritaria, con independencia de su ideología: el rechazo de las reglas del juego democrático, la negación de la legitimidad del adversario, la tolerancia o el estímulo a la violencia y la disposición a restringir derechos y libertades. No es una cuestión de siglas ni de programas más o menos radicales; es una cuestión de cómo se compite. Y cuando un ciudadano decide quedarse en casa, está dejando que sean otros —los que sí compiten— quienes decidan las reglas del juego.
Dicho esto, conviene ser honesto: no toda abstención
alimenta el autoritarismo, ni todo voto de protesta es autoritario. Hay
abstención por indignación legítima, por exclusión social, por la sensación de
que no hay alternativas reales. Reconocerlo no debilita el argumento; lo hace
más creíble. Pero también es verdad lo contrario: quien se abstiene no solo
renuncia a su parte de poder; también deja que lo ejerzan otros en su nombre. Y
esos otros, a diferencia de él, no se han quedado en casa.
Conclusión
La abstención —y también el voto de castigo a partidos
autoritarios— me recuerda a una frase que decía mi madre cuando yo me enfadaba
con ella y hacía algo para castigarla que, en realidad, me castigaba más a mí
que a ella. Cosas como «ahora ya no juego» o «ya no te dibujo más». En esos
casos, mi madre me decía con tono burlón: «Eso, ¡para que se fastidie mi
capitán, hoy no como rancho!13». Humildemente pienso que quien
siente desafección hacia la política y la materializa en la abstención se está
castigando a sí mismo: no come rancho, pero al capitán le da igual.
Porque el castigo de verdad no es quedarse en casa, sino
votar a otros que respeten las reglas del juego democrático. Ahí les das donde
más les duele: en la representación, de donde hemos visto que surge todo el
poder. Ellos no lo dicen, pero el lema electoral real no confesado de ciertos
partidos es «vótame y, si no, abstente». Les conviene la abstención hacia los
demás; lo que no les conviene es que su electorado se vaya a otra parte.
El problema es cuando ese voto de castigo se dirige a
partidos de corte autoritario. Ese voto hace daño, sí, pero a los partidos
moderados que comparten tendencia y, sobre todo, al sistema democrático.
Mientras no encontremos un sistema mejor para gobernarnos, no nos beneficia
mucho promover a sus enemigos.
En los próximos días tenemos unas elecciones. Ojalá nos
apliquemos el cuento.
Sociólogo
Notas
- Por cierto en la constitución de Atenas, la más conocida y admirada de la antigüedad, había órganos representativos, no sólo funcionaba la asamblea de ciudadanos. Ver Democracia Ateniense
- Sufragio censitario o sufragio restringido fue un sistema electoral, vigente en diversos países occidentales entre fines del siglo XVIII y el siglo XIX, basado en la dotación del derecho a voto sólo a la parte de la población que contara con ciertas características precisas (económicas, sociales o educacionales) que le permitiera estar inscrita en un "censo electoral". El sufragio censitario se contrapone al sufragio universal, que no establece condiciones salvo mayoría de edad y la ciudadanía (aunque hasta el siglo XX estaba limitado al sufragio masculino).
- El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población adulta de un Estado, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. Habitualmente se entiende de forma más concreta, en el sentido de más ligado a la extensión del voto a la población adulta femenina
- La potestad reglamentaria es la capacidad del poder ejecutivo de dictar normas generales de rango inferior a las leyes, por lo común en desarrollo o aplicación de éstas.
- El Tribunal Constitucional de España o TC es el órgano constitucional que ejerce la función de supremo intérprete de la Constitución Española de 1978
- El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), según el artículo 122 de la Constitución Española, es el órgano de gobierno del Poder Judicial de España. Su principal función es velar por la garantía de la independencia de los jueces y magistrados frente a los demás poderes del Estado.
- La Carrera de San Jerónimo es la calle de Madrid en la que está ubicada la sede del Congreso de los Diputados.
- La fórmula electoral es el cálculo matemático mediante el cual, en una votación, se distribuyen los escaños de una asamblea en función de los votos del electorado.
- La Ley d’Hondt es la fórmula electoral que se aplica en España
- La barrera electoral o legal, también conocida como cláusula de barrera, o umbral electoral, es en política la proporción mínima de votos que necesita una lista electoral para que pueda conseguir asientos o representantes en el parlamento u órgano similar; o también, la cantidad mínima para que un partido pueda actuar en las comisiones parlamentarias. El objetivo de la cláusula es evitar la fragmentación parlamentaria.
- Steven Robert Levitsky (nacido el 17 de enero de 1968 en Brookline, Massachusetts, aunque algunas fuentes señalan Ithaca, Nueva York) es un politólogo estadounidense, profesor de Gobierno y de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Harvard. Es uno de los académicos más influyentes en el estudio de la democracia, el autoritarismo y los partidos políticos, y su obra se ha convertido en referencia obligada para entender la erosión democrática contemporánea
- Daniel Ziblatt (nacido en 1972) es un politólogo estadounidense, catedrático Eaton de Ciencia del Gobierno en la Universidad de Harvard desde 2018 y director del Minda de Gunzburg Center for European Studies de la misma universidad. Es uno de los académicos más influyentes en el estudio de la democracia, la democratización y la construcción del Estado, y su obra —especialmente la escrita junto a Steven Levitsky— se ha convertido en referencia obligada para entender la erosión democrática contemporánea.
- Rancho, según el diccionario de la Real Academia, en su primera acepción significa: Comida que se hace para muchos en común, y que generalmente se reduce a un solo guisado; p. ej., la que se da a los soldados y a los presos.
Bibliografía
Vallés I. y Bosch A. (1997). Sistemas Electorales y Gobierno
Representativo. Barcelo: Editorial Ariel
Delgado, I. y López Nieto I. (2004). Comportamiento
Político, Partidos y Grupos de Presión. Madrid: UNED
Levitsky,
S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Nueva York: Broadway Books. (Hay
traducción al español: Cómo mueren las democracias. Barcelona: Ariel, 2018).
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